La diputada de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Marta García, ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a modificar el proyecto de decreto sobre la aplicación de purines, de manera que se contemplen las condiciones específicas del sector agropecuario de Cantabria.
Para García, esta norma supone un "ataque directo" al sector de la Cornisa cantábrica y denota el "desconocimiento" del territorio y del modelo de ganadería cántabra por parte del Ministerio.
"Si se aprueba esta normativa, que es de imposible cumplimiento, podrán llegar a desaparecer las explotaciones que tenemos en Cantabria, que son pequeñas y familiares", ha manifestado en nota de prensa la diputada.
Así, ha señalado que el Ministerio pretende que se prohíba la aplicación de purines a través de los sistemas tradicionales de abanico o cañón, obligando a utilizar nuevas máquinas localizadoras e inyectores de purín, que en el caso de Cantabria, "sería imposible utilizar debido al modelo paisajístico minifundista, sin infraestructuras viarias y con numerosas precipitaciones".
En consecuencia, la entrada en vigor de la normativa "podría conllevar la deslocalización de la producción lechera" del norte de España, "impulsando el cierre de explotaciones familiares de montaña y la concentración de la producción en macrogranjas ubicadas en las zonas llanas de España", ha dicho.
"El apenas millar de granjas de leche que hay en Cantabria están en peligro de extinción en el caso de aprobarse esta norma tal y como está redactada actualmente", ha aseverado García.
Además, la diputada ha apuntado que el decreto contempla "medidas imposibles de cumplir" en Cantabria, como que las pilas de estiércol quedan prohibidas en las zonas habitadas, estableciendo un plazo máximo de 24 horas cuando estén a menos de un kilómetro del casco urbano, y 5 días máximo si están a más distancia. Se establece además una distancia mínima de 300 metros de cualquier edificación, incluidos establos.
En su opinión, también es muy complicado cumplir en las zonas de montaña la obligatoriedad de enterrar el abono en un plazo de 4 horas, mediante arado de vertedera, chisel o cultivador.
Para Cs, estas explotaciones "ayudan a mantener el medio rural vivo, y se debe garantizar su supervivencia; no se puede legislar a cientos de kilómetros de manera generalista y sin contemplar las características territoriales, porque cuando esas normas llegan al territorio lo único que hacen es ahogar aún más la vida de la gente de los pueblos".
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