El diputado de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Diego Marañón, ha pedido al Gobierno regional que "despeje de una vez por todas las dudas de las familias" y "avance" cuáles son sus planes en relación a la entrada en funcionamiento de las aulas de 1 año.
En este sentido, ha indicado que ya que "han pasado cuatro meses" desde que la Consejería de Educación anunció en la Cámara que, de cara al curso académico 2021/2022, se comenzaría la implantación de estas aulas de infantil.
"Quedan dos meses para el inicio del curso y, a día de hoy, no se ha trasladado más información sobre su entrada en funcionamiento", ha subrayado Marañón, para denunciar que "al margen de vaguedades e inconcreciones, poco más se sabe".
A su juicio, se trata de un "despropósito", puesto que "nos encontramos ante un momento crucial para preparar el próximo año académico 2021/2022", según ha destacado en un comunicado.
En este sentido, el diputado ha defendido que las aulas de 1 año son "fundamentales" tanto a la hora de "facilitar" la conciliación de la vida laboral y familiar, como por los "beneficios" que suponen para el desarrollo de los menores.
Y también cree que hay que tener en cuenta "el coste de la puesta en marcha de las aulas, tanto en lo relativo a las infraestructuras, como en la plantilla de profesionales".
PREGUNTAS
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) ha preguntado al Ejecutivo PRC-PSOE acerca de la titulación o capacitación profesional que deberán tener los responsables de estas aulas y cuál será el número de los mismos, además de la ratio de niños por aula, o de qué manera se van a financiar, ya que se trata de un gasto que no está contemplado en los presupuestos de la comunidad autónoma.
Por otro lado, la batería de preguntas también contempla si la implantación de las aulas se hará exclusivamente en los centros públicos, o si se va a proceder a la firma de convenios en aquellos municipios que cuenten con guarderías o escuelas de infantil privadas para llevar a cabo la labor educativa en esta etapa y, finalmente, en qué municipios está previsto ponerlas en marcha y bajo qué criterios.
