Los tribunales cántabros registraron durante el año pasado 2.488 denuncias por violencia de género en las que figuran como víctimas 2.246 mujeres, lo que supone un 1,2 y un 10,5 por ciento más, respectivamente, en relación a 2024. En España, estos repuntes fueron del 0,7 y 2,64%.
La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en Cantabria en 73,4, ligeramente inferior a la media nacional, del 74%. Por encima están Baleares (115,8), Navarra (100,3), Comunidad Valenciana (92,7) y Canarias (90,3), y los índices más bajos se dieron en Castilla y León (48,4), Galicia (49,8) y La Rioja (55,8).
Del total de víctimas en las denuncias en Cantabria, 338 se acogieron a la dispensa de la obligación de prestar declaración contra el denunciado en el juzgado de violencia, un 55% más, y son 15 de cada cien (por encima de la media, del 11,3%)
Los jueces cántabros acordaron 280 órdenes de protección de las 433 solicitadas, el 65%, dos puntos menos que en España (67%). Y los titulares de las plazas de instrucción en funciones de guardia -que atienden estos casos por las tardes y fines de semana- acordaron 93 órdenes de las 123 solicitadas, el 75,6%.
Entre las medidas adoptadas destacan las encaminadas a la protección de los menores: la suspensión de la guarda y custodia en 30 ocasiones; del régimen de visitas en 22; y de la patria potestad en 3.
Según el informe de 2025 del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, en Cantabria fueron enjuiciados 802 hombres y 687 fueron condenados, el 85,7%.
Las secciones de violencia sobre la mujer -que instruyen todas las causas y ven delitos leves- enjuiciaron a 424 hombres y condenaron a 414, el 97,6%. Y el Juzgado de lo Penal nº 5 -encargado de estos delitos menos graves- juzgó a 374 y condenó a 269, el 71,9%. En la Sección Tercera de la Audiencia Provincial -que enjuicia los delitos más graves- se celebraron cuatro vistas y todos los acusados fueron condenados, al igual que en el Juzgado de Menores de Santander, donde dos obtuvieron sentencia con imposición de medidas.
El 66,3% de las casi 2.500 denuncias fueron presentadas por la propia víctima; el 23,7% fue por intervención policial; el 5,4% por un parte de lesiones remitido al tribunal; el 3,5% a través de servicios asistenciales o terceros y el 1,2% mediante familiares.
De las casi 2.250 víctimas, 1.379 son españolas -una de ellas menor de edad- y 868 extranjeras, todas mayores. En 19,3 de cada cien denuncias se solicitó una orden de protección. En total se pidieron 433 y se acordaron 280 (el 65%). Se tradujeron en 928 medidas judiciales de protección de las víctimas, 704 penales y 124 civiles. Entre las primeras, las más frecuentes fueron la prohibición de comunicar con la víctima (263) y el alejamiento (248), la suspensión de tenencia y uso de armas (147) y la prohibición de volver al lugar de los hechos (33). Además, en cinco ocasiones se acordó la salida del domicilio y en tres, la privación de libertad.
Y de las cautelares civiles, además de las citadas de suspensión de la guarda y custodia (30), del régimen de visitas (22) y de la patria potestad (3), también se adoptaron sobre prestación de alimentos (30) y atribución de vivienda (26).
RELACIÓN ENTRE VÍCTIMA Y DENUNCIADO
En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas, la mujer era española y mayor de edad (266) y en otras 166 se trataba de extranjeras. Además, en una figura una española menor. En cuanto a los hombres denunciados que aparecen en las órdenes de protección pedidas, 281 eran españoles y 152 extranjeros.
Sobre el vínculo entre denunciado y víctima en el momento de la agresión, en el 48,27% de las veces era una relación afectiva rota, en el 29,33% se mantenía, en un 12,93% estaban casados y en un 9,47% eran excónyuges.
En 2025, las secciones de violencia sobre la mujer recibieron 2.567 asuntos penales, de los que 873 se llevaron por juicio rápido, 97 fueron delitos leves e ingresaron dos sumarios y un jurado. Por tipos delictivos, la mayoría (1.335) responden al delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena va de seis meses a un año de prisión.
Otros 761 delitos correspondieron al tipo que condena actitud persistente que genera clima de pánico en el entorno familiar, penado de seis meses a tres años de cárcel. También se iniciaron 321 asuntos por quebrantamiento de pena, 91 por quebrantamiento de medidas cautelares, 61 contra la libertad, 11 contra el honor, 9 por delito contra la integridad moral, 8 contra la libertad e indemnidad sexual, y seis contra la intimidad y la propia imagen.
En cuanto a los procedimientos por delitos leves, 91 lo fueron por injurias y 51 por vejaciones injustas. Además, las denuncias dieron lugar a la apertura de 179 procedimientos civiles, entre ellos 79 divorcios y 4 separaciones. También hubo 34 sobre la adopción de medidas de guarda y custodia de hijos de parejas no casadas y 51 sobre modificación de medidas acordadas en sentencia.
El 23,8% de los asuntos concluyó con sentencia condenatoria en el propio órgano y el 0,6% con absolutoria. Además, el 45,7% de los procedimientos finalizó en archivo, libre (2,3%) o provisional (45,7%).
