La Consejería de Empleo y Políticas Sociales ha tramitado desde que se inició el estado de alarma en Cantabria, 53 nuevas pensiones no contributivas y 134 nuevos expedientes de Renta Social Básica, reanudado otros 50 en suspenso e incrementado a 18 beneficiarios la cuantía.
Además, el Gobierno ha remitido 98 convenios de Servicios Sociales de Atención Primaria para que sean suscritos por los alcaldes de los distintos municipios y responsables de las entidades de derechos sociales. Hasta ahora, se ha recibido 92 de los 98, habiéndose remitido todos los recibos para la tramitacion del pago correspondiente.
Así lo ha anunciado este viernes en su comparecencia en la comisión especial del coronavirus creada en el Parlamento de Cantabria la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez (PSOE), que ha explicado que, a día de hoy son 7.000 los beneficiarios de pensiones no contributivas y 5.632 las personas que tienen acceso a la renta garantizada.
También ha recordado que, tal y como ya anunció el Gobierno, su departamento complementará la RSB con 75 euros al mes por cada menor al cargo, una medida que beneficiará a 2.066 familias y a 3.479 niños o adoescentes, casi el 4% de la población menor de 18 años en Cantabria.
Otras medidas puestas en marcha a las que se ha referido han sido la habilitación de los alberges de Solórzano y, en colabiración con el Obispado, el de Soto Iruz, que actualmente dan cobijo a 62 personas.
PRÓRROGA DE LAS ESTANCIAS EN UNIDADES DE MENORES MIGRANTES
Además, Álvarez ha anunciado que, mientras dure el estado de alarma, se ha prorrogado la estancia en las unidades de menores migrantes a aquellos que, por razones diversas (--en su mayoría por cumplir la mayoría de edad o finalización de las medidas de colaboración-- tenían que haber abandonado el sistema de protección durante el estado de alarma. Por ahora, son 2 los menores que estaban en ese caso.
En estos momentos, según ha detallado la consejera, estas unidades de menores migrantes acogen a 106.
Por otra parte, Álvarez se ha referido a otras de las medidas adoptadas en materia de vivienda --otra de las competencias de su departamento--. Así, ha destacado el abono de un millón de euros en ayudas al alquiler, beneficiando así a 6.000 personas, o la suspensión extraordinaria del pago del alquiler de vivienda del parque público durante dos meses para aquellos que acrediten una merma en sus ingresos a causa del brote de coronavirus.
LOS TRABAJADORES EN ERTEs CON MENOS SUELDO, PRIOTARIOS PARA LAS AYUDAS
Y ya en materia empleo, la consejera se ha referido a los 7 millones de euros que destinará el Gobierno regional a ayudar a los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), a los que se les abonará un único pago de 150 euros.
Álvarez ha aclarado que tendrán prioridad para el cobro de estas ayudas a aquellos con bases reguladoras inferiores.
En la comparecencia, la consejera ha vuelto a facilitar los datos de los ERTEs presentados hasta ahora desde que se inició la crisis del coronavirus, que ascienden a 7.270 en total, de los que el 42 por ciento (3.102) ya están siendo tramitados por la Dirección General de Trabajo. Con estas cifras, también se mantiene la previsión de trabajadores afectados entre los 40.000 y los 45.000.
Del total de expedientes presentados 3.102 están en trámite y 2.300 resueltos (el 31% que cuentan con resolución expresa de la Dirección) y que afectan a 18.535 y 13.000 trabajadores, respectivamente. De los que están en trámite, más de nueve de cada 10 son por fuerza mayor.
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