El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC), mayoritario en la educación pública de esta comunidad autónoma, ha denunciado "la rigidez" con la que está actuando la Consejería de Educación y la "nula receptividad" hacia las aportaciones sindicales desde que empezó el estado de alarma como prueba que no ha aceptado "absolutamente ninguna propuesta de mejora" en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud.
En un comunicado, STEC ha afirmado que está "muy preocupado" por las "posiciones inflexibles" que la Administración encabezada por la regionalista Marina Lombó está manifestando desde hace dos meses, "desoyendo prácticamente todas las propuestas" que se hacen desde el ámbito sindical que representa al conjunto del profesorado de Cantabria.
La reunión mantenida este martes en el Comité de Seguridad y Salud es, según el sindicato, "el último ejemplo de esta actitud intransigente".
STEC entiende que una situación "tan difícil y llena de complejidades" como la actual exige una actitud "responsable y constructiva" de todas las partes para encontrar soluciones, pero, en su opinión, la Administración no está entendiéndolo de igual forma.
"Es cierto que esta grave crisis requiere determinación y afrontar los problemas que se van planteando con agilidad y eficacia; pero no es menos cierto que tomar las decisiones sin contar con nadie que no sea la propia Administración (la educativa en este caso) conduce a cometer muchos errores que, en ocasiones van acompañados, además, de ciertas dosis de autoritarismo", ha señalado.
La reunión del Comité de Seguridad y Salud del martes ha supuesto una "nueva frustración" a STEC ante la "negativa frontal a admitir cualquier propuesta que desbordase mínimamente el marco orientativo que, en materia de seguridad y salud de los docentes, ha establecido el Gobierno central".
A STEC le sorprende "una actitud tan seguidista" de las orientaciones del Ministerio "por parte de unos políticos que se dicen regionalistas", mientras que en la reunión posterior que los sindicatos mantuvieron el martes con el secretario de estado, Alejandro Tiana, éste "se negaba a asumir determinadas decisiones porque la competencia en materia de educación está transferida a las comunidades".
La propuestas de STEC son, a su juicio, "de mínimos más que razonables" para abordar la apertura parcial de los centros en el mes de junio. En concreto, que la compra del material por riesgo de exposición al COVID-19 no se delegue en los directores de los centros educativos sino que se haga de forma centralizada para no recargar de más responsabilidades a los equipos directivos, para garantizar por parte de técnicos de prevención de la Consejería la calidad de estos materiales y por razón de eficiencia económica.
También exigió que se exima de acudir a los centros educativos a todo el personal docente que padece una serie de patologías o que está en unas condiciones que les hacen especialmente sensibles frente al COVID-19, como embarazadas o mayores de sesenta años.
STEC insistió en la necesidad de establecer ratios de alumnado que posibiliten "la mínima distancia de seguridad", junto con unos equipos de protección individual "de las máximas garantías".
También pidió implementar medidas formativas en materia de seguridad y salud para que todo el profesorado pudiese enfrentarse al riesgo frente al COVID-19 con estrategias individuales seguras; y exigió coordinación con otras administraciones y empresas para asegurar la debida desinfección y limpieza de los centros educativos.
"Nada de esto fue admitido, con lo que la reunión se convirtió, como otras anteriores, en un trámite con el que legalmente hay que cumplir, pero completamente vacío en lo que a negociación se refiere", ha valorado el sindicato, que ha hecho un nuevo llamamiento público a la consejera Lombó para que "asuma que los representantes del profesorado tienen que tener un papel principal a la hora de diseñar la estrategia en los centros educativos frente a la crisis sanitaria".
"La salud del profesorado cántabro y la seguridad que tiene que disfrutar toda la comunidad educativa deben ser objeto de negociación en el seno del Comité de Seguridad y Salud, y la buena fe negociadora requiere de la toma en consideración de las propuestas que, con la mejor intención, se hace desde el lado de los enseñantes", ha concluido STEC.
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