El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria) ha afirmado que la Administración autonómica debe garantizar y reforzar la protección y seguridad de las personas con discapacidad durante la fase de desescalada con medidas que favorezcan su atención y estado de salud (como EPIS), teniendo en cuenta tanto a los usuarios de los servicios y centros residenciales, como a los trabajadores y voluntarios.
Estos recursos también deben ser desinfectados y contar con todo el material necesario, por lo que CERMI ha destacado la importancia de reforzar la interlocución con el Gobierno autonómico.
"Si estas medidas no pueden ser garantizadas, la actividad no puede ser retomada, ya que el riesgo de contraer la enfermedad y de contagio sería extremo", ha recalcado la entidad en un comunicado.
CERMI también ha agradecido al Ministerio de Sanidad la dotación de 6.000 mascarillas para el sector de la discapacidad en la comunidad autónoma, del total de 500.000 mascarillas destinadas al movimiento CERMI a escala estatal.
Sanidad ha distribuido esta semana a las delegaciones de Gobierno de cada comunidad y subdelegaciones del Gobierno de cada provincia, atendiendo al número total de población, este material de protección contra el contagio de forma coordinada con todo el movimiento asociativo de la discapacidad y sus delegaciones autonómicas.
"Toda actuación pública en la desescalada ha de tener en cuenta a las personas con discapacidad, pues somos tradicionalmente un grupo social excluido y, más, en estos momentos que estamos en situación de máxima vulnerabilidad. Es ahora cuando se magnifica y se amplía lo que vivimos diariamente", ha señalado CERMI Cantabria.
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