El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI Cantabria) ha pedido al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que, por vía de urgencia, regule legalmente el deber de servir a domicilio de las grandes cadenas de distribución de productos de primera necesidad (alimentación, higiene personal, parafarmacia, limpieza doméstica, etcétera) y que prioricen a las personas mayores o con discapacidad por las dificultades que tienen para realizar las compras por sí mismas.
De esta forma, la entidad se suma a la petición del CERMI Estatal que, a través de una carta dirigida al titular de la cartera de Consumo, advierte de que la pandemia de coronavirus ha ocasionado algunas situaciones de desabastecimiento o de irregularidad, y ha "intensificado la angustia y el temor" de muchas personas con discapacidad y mayores, "en momentos terribles de crisis masiva de salud", respecto de la adquisición material, suministro y aprovisionamiento de sus productos de consumo básicos.
CERMI ha explicado que muchas personas con movilidad reducida encuentran dificultades para poder acudir al supermercado a realizar sus compras y optan, habitualmente, por realizar los pedidos a través de internet o telefónicamente. Pero con la crisis desatada por el coronavirus, los servicios de estos supermercados de reparto se han visto sobrepasados y se hace muy difícil o imposible utilizar estos recursos que, para personas con movilidad reducida, "no son una comodidad o un lujo".
Por ello, la entidad defiende en su escrito que "la devastación causada por la pandemia ha evidenciado las especiales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y las personas mayores en la adquisición de los productos básicos propios del consumidor doméstico, que están a merced de la voluntariedad del comerciante, de su estrategia de entregas, todas con coste agregado, y que no suelen considerar como preferenciales a este tipo de consumidores, pese a su vulnerabilidad objetiva".
Por ello, para el colectivo está "más que justificado que el Gobierno asuma esta realidad perturbadora, que ahonda la exclusión que viven muchos segmentos de población en nuestro país", y las grandes empresas de distribución tengan que efectuar entregas domiciliarias gratuitas y preferenciales a los consumidores vulnerables.
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