La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha defendido la apuesta del Ejecutivo cántabro por la coordinación para "ir de la mano" del Ministerio de Justicia en el desarrollo y aplicación de todas las políticas y medidas que se desplieguen en el territorio de Cantabria, relativas al funcionamiento de los juzgados y la prestación de servicios del personal de la Administración de Justicia, que han sido adoptadas a raíz del estado de alarma decretado para hacer frente a la pandemia del coronavirus.
Fernández ha participado hoy, junto a sus homólogos del resto de comunidades autónomas, en una videoconferencia con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, una reunión en la que ha estado acompañada por el director de Justicia, Pablo Ortiz.
Según ha señalado la consejera de Justicia al término de este encuentro, el ministro les ha trasladado la necesidad, especialmente en momentos como éste, de trabajar de forma coordinada para ir avanzando en implementación de las medidas adoptadas, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Por ello desde el Ejecutivo autonómico cántabro se aboga por la "coordinación con el Poder Judicial y los Colegios Profesionales".
Cantabria se encuentra en fase de revisión de la normativa que ha entrado en vigor, ha asegurado la titular de Justicia, una regulación que se irá "adaptando a las necesidades que vayan surgiendo".
Los contactos con el Ministerio se mantendrán a lo largo de la semana por videoconferencia con el fin de avanzar en la aplicación de las medidas adoptadas y con el fin de adaptarse al avance de esta emergencia sanitaria.
MEDIDAS ADOPTADAS POR CANTABRIA
Tras la aprobación del decreto del estado de alarma el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia han adoptado unas resoluciones conjuntas determinando los servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva ante la evolución del coronavirus.
En general, se limita el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes judiciales, salvo para aquellos trámites imprescindibles e inaplazables.
Para el mantenimiento de estos servicios esenciales y armonizar la protección de la salud de los empleados públicos de la Administración de Justicia, el Gobierno de Cantabria ha dictado una resolución estableciendo el personal necesario para ello.
Además de los juzgados y fiscalías de guardia en los demás órganos judiciales, fiscales e Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se atenderá a la naturaleza y necesidades de cada uno de ellos.
Para la determinación del número y cuerpo de los funcionarios considerados dentro de los servicios esenciales, se tendrá en cuenta sus funciones y su relación directa con los servicios esenciales, estableciendo un turno rotatorio diario entre los funcionarios integrantes de la plantilla de cada órgano. Se regulan también turnos de sustitución ordinarios.
La resolución recoge una serie de recomendaciones de higiene y limpieza para el personal de justicia que prestan servicios en las sedes judiciales, que contarán con medidas de protección individual adecuadas.
La resolución de servicios esenciales indica igualmente que en todo caso el personal que tenga que estar presencialmente en el juzgado, queda a disposición de las necesidades que puedan producirse, y habilita para realizar adaptaciones a la misma a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos.
