Educo ha advertido de que la figura del Coordinador de Bienestar y Protección "no se ha implementado correctamente" en todos los centros educativos y "ninguna" comunidad autónoma le destina presupuesto, un año después de su entrada en vigor tras la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). En el caso de Cantabria, no es obligatoria y ni quiera tiene liberación de horario.
En concreto, la organización asegura que las funciones del Coordinador de Bienestar "no están claras, falta formación, no está profesionalizada o no tienen horas liberadas ni incentivos, entre otras muchas carencias".
Así lo refleja Educo en su informe 'Coordinador de Bienestar y Protección: balance del primer año', en el que, con motivo de la celebración del Día Internacional de la no violencia el 2 de noviembre, analiza y repasa este cargo fundamental para la lucha contra la violencia en los centros educativos.
Teniendo en cuenta la responsabilidad de la persona que asume ese cargo, la organización considera que, si no hay una red de apoyo tanto dentro de la escuela como fuera (servicios sociales, sanidad, policía, educación, etc.), "se corre el riesgo de que este nuevo rol quede en papel mojado".
La LOPIVI recoge que la figura del Coordinador de Bienestar y Protección "debe implementarse en todos los centros educativos no solo para acabar con las agresiones contra el bienestar dentro de la escuela, sino también fuera, en la calle, en casa o en el mundo virtual". Todo ello, mediante la prevención y el buen trato.
En este contexto, la directora general de Educo, Pilar Orenes, ha recordado que en España hay un incremento de casi el 40% de las notificaciones de violencia, los abusos sexuales contra la infancia y la adolescencia han aumentado un 300% y las cifras de suicidios de niños y niñas entre los diez y catorce años "nunca han sido tan altas".
Por ello, cree que es "inadmisible" que no se vuelquen todos los esfuerzos en intentar resolver esta problemática y que una figura nacida con vocación de protección, no solo en la propia escuela sino en todos los ámbitos que acompañan al niño, niña y adolescente, "se haya convertido en un mero trámite".
La organización asegura que la figura del Coordinador de Bienestar "no cumple las funciones para las que fue creada y no lo hace porque falla en la teoría y en la práctica". Así, advierte de que el desarrollo normativo es "insuficiente y diferente según la comunidad autónoma" y que la "suma de carencias" asociadas al puesto "repercute directamente en la seguridad y confianza de la persona que tiene que asumirlo".
"Yo acepté este rol porque creo firmemente que puede ayudar a mejorar la salud emocional del alumnado. Pero la realidad es muy distinta. Es un marrón, dejas todo a medias, no lo pagan y no hay horas. No sé si seguiré el próximo curso", asegura una coordinadora de Bienestar y Protección de un colegio de Primaria en Huesca.
El informe recoge que la "inseguridad" que muestra el profesorado se debe asimismo a la falta de redes de apoyo y destaca que quienes asumen la labor "se quejan de no contar siempre con todo el apoyo que necesitan dentro de la escuela, el aval de la dirección y un protocolo al que acogerse".
Asimismo, refleja una "falta apoyo externo" de las consejerías de Educación, los servicios sociales, los centros de salud y la Policía, ya que los coordinadores de bienestar "necesitan un asesoramiento que no encuentran".
"NO HAY SUFICIENTES RECURSOS Y NO DAN ABASTO"
"Derivamos un caso grave de un alumno a los servicios sociales al principio de curso, siete meses más tarde seguimos sin tener respuesta. No hay suficientes recursos y no dan abasto", comentan desde un IES en Santiago de Compostela.
Para la directora general de Educo, es "evidente" que la figura del coordinador de Bienestar y Protección "no puede acabar sola con la violencia contra la infancia", por lo que defiende que, para dar una respuesta "a la altura" de la problemática, la persona que asuma este nuevo rol "debe estar arropada por todos".
Para otorgar a esta figura el peso y la importancia que requiere, Educo aboga por un decreto estatal, pero recuerda que este solo funcionará "si las administraciones asumen el liderazgo que les corresponde".
El éxito de este profesional, según detalla la ONG, dependerá principalmente "de los compromisos que estén dispuestos a asumir el brazo ejecutivo y legislativo estatal, autonómico y local".
EN 7 CC.AA SE REGULA MEDIANTE UNA CIRCULAR SIN CARÁCTER OBLIGATORIO
El informe destaca que en siete comunidades (Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) la figura se regula mediante una circular que no tiene ni carácter obligatorio. También afirma que, a la "desigual" regulación se une que "ninguna comunidad autónoma tiene presupuestado el nuevo puesto".
"El presupuesto es pieza clave para que puedan desempeñar sus funciones. Los colegios no pueden asumir estos gastos. Sin la inversión de las administraciones competentes, la propuesta fracasará porque los procedimientos e iniciativas que el o la coordinadora de Bienestar identifique para generar entornos seguros y protectores han de estar sostenidos por un presupuesto específico", dice Orenes.
Dentro del presupuesto, según reclama Educo, debería estar contemplada también la remuneración, para legitimar y poner en valor la figura, como se hizo con el coordinador o coordinadora Covid-19. Actualmente, solamente Canarias, Cataluña y Galicia proponen algún tipo de complemento, y no necesariamente económico.
La organización ha observado que hay un "gran desconocimiento" sobre las funciones que debe realizar esta figura de nueva creación. De hecho, precisa que en el desarrollo normativo de ocho comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra, Murcia y La Rioja) "no se incluye una mínima definición de las características del puesto".
Además, subraya que la figura "no está profesionalizada" y sólo dos comunidades autónomas (Extremadura y Galicia) establecen la necesidad de formación inicial. "En la práctica se observa que muchos docentes no saben bien qué formación necesitan y desconocen conceptos", concluye el informe.
"El éxito de esta figura dependerá en gran medida de su formación. No puede ser que nosotros recibamos una capacitación de 30 horas mientras que la de los monitores de tiempo libre sea de 270 horas. Es una vergüenza", se queja un coordinador de Bienestar y Protección de un colegio de Madrid consultado para la elaboración del documento.
El informe también ha identificado que en cuatro comunidades autónomas la normativa "ni siquiera establece la liberación de horario" (Cantabria, Navarra, Murcia y País Vasco). "Esto contrasta significativamente con las dificultades burocráticas", señala Educo, abogando por "facilitar y simplificar los procedimientos en caso de abrir un protocolo".
