El Consejo de Gobierno da luz verde al acuerdo para la subida salarial de los docentes

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de este jueves al acuerdo alcanzado entre la Consejería de Educación y los sindicatos docentes para la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado.

El acuerdo, firmado el 19 de marzo tras año y medio de negociaciones, contempla la recuperación y actualización de mejoras salariales pendientes desde el año 2008, concretamente el tramo retributivo cuya aplicación quedó suspendida como consecuencia de las medidas adoptadas durante la crisis económica.

El Gobierno de Cantabria procede ahora a restablecer este incremento actualizado conforme al IPC, lo que se traduce en una mejora consolidada de las retribuciones del profesorado de 60,23 euros mensuales. Esta medida tendrá efectos retroactivos desde septiembre de 2025 y se abonará a partir de julio de 2026.

A esto se suma un calendario progresivo de incrementos retributivos adicionales hasta el año 2029, que permitirá alcanzar una mejora total consolidada de 180,23 euros mensuales, con carácter lineal y general para todos los cuerpos docentes no universitarios.

El acuerdo incorpora asimismo una revisión del sistema de reconocimiento de la formación permanente del profesorado a través de los denominados sexenios. Se establecen nuevas cuantías más elevadas y un modelo reforzado que incrementa la exigencia formativa -hasta 130 horas acreditadas- y mejora la progresión económica a lo largo de la carrera docente.

Esta medida permitirá incrementar las retribuciones asociadas a la formación, con mejoras adicionales de hasta 158,37 euros mensuales, vinculadas al desarrollo profesional continuo y a la mejora de la calidad educativa.

Además de las mejoras retributivas, el acuerdo contempla actuaciones complementarias orientadas al bienestar y desarrollo profesional del profesorado, como la promoción de políticas de salud laboral, el análisis de nuevos complementos específicos para determinados colectivos, especialmente en el ámbito de la Formación Profesional, y la creación de una comisión de seguimiento que garantice la correcta implantación de las medidas hasta 2029.

Este acuerdo es uno de los asuntos que el Gobierno ha autorizado en su reunión semanal, que en esta ocasión ha celebrado en el Ayuntamiento de Meruelo, lo que ha permitido a los miembros del Ejecutivo mantener una reunión de trabajo con el alcalde, Evaristo Domínguez, para impulsar los proyectos que están en marcha en el municipio y estudiar otras necesidades.

Entre el resto de los puntos, el Consejo ha aprobado comunicar al Parlamento de Cantabria la voluntad de celebrar el Debate de Orientación Política del Gobierno en los días 25 y 26 de junio.

También, como ya viene siendo habitual en estas reuniones, ha autorizado a los servicios jurídicos para interponer recurso contencioso-administrativo contra una resolución del delegado del Gobierno en Canarias --en este caso del 30 de abril-- para el traslado de un menor migrante a Cantabria.

En materia de Fomento, el Consejo ha autorizado convenios con los ayuntamientos de Anievas, Castro Urdiales, Escalante y la Mancomunidad Valle de Iguña para la prestación de servicios de recogida y transporte de residuos.

El Ejecutivo asume la prestación de los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales, a través de la empresa pública MARE, incorporando distintas fracciones de residuos -como restos, envases, papel-cartón, biorresiduos o voluminosos- así como actuaciones de sensibilización ciudadana.

Y en el ámbito sanitario, entre otros acuerdos, se ha dado luz verde a un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para la cesión de información en materia de afiliación de trabajadores, con el fin de mejorar la cooperación interadministrativa.

Este sistema permitirá al servicio público de salud de Cantabria acceder a datos relevantes sobre la situación laboral y el puesto de trabajo de los pacientes, facilitando así la labor de los facultativos en la valoración de los procesos de incapacidad temporal.