La consejera informa al ICASS de los cambios en las ayudas a enfermos de ELA y en la RSB

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha informado al Consejo General del ICASS, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, de las modificaciones de las órdenes que regulan las ayudas a los enfermos de ELA, para adecuar la normativa autonómica al grado III plus establecido en el Real Decreto que desarrolla la Ley de Esclerosis Lateral Amiotrófica.

Con la regulación de la cobertura social de la ELA, la comunidad autónoma ha eliminado el copago de las ayudas, que van de 3.200 a 9.859 euros, y que se han empezado a pagar este mes de julio, según se anunció y como ha indicado este jueves el Gobierno regional en un comunicado, en el que la consejera del ramo ha destacado que con los cambios introducidos la cobertura en la región es la "más garantista y mejor adaptada a la realidad de las personas con ELA y sus familias".

En concreto, se han adaptado varias disposiciones que regulan el Servicio de Atención Domiciliaria para incluir las prestaciones correspondientes a estos enfermos, así como la reducción de los plazos en los procedimientos para su concesión y para el reconocimiento del grado de discapacidad.

Con esta modificación se hace efectiva la entrada en vigor de las órdenes por las que se elimina el copago en las ayudas de la Ley ELA y se garantiza que la cuantía final dependa de las "necesidades reales de atención" y no de la renta ni de aportaciones económicas.

Gracias a esta adecuación, la normativa autonómica se adapta a los cambios establecidos a nivel estatal para dar una respuesta "con la máxima seguridad jurídica" y "el mayor alcance posible". "Lejos de optar por una regulación mínima, el Gobierno de Cantabria ha querido construir un marco más completo, más garantista y mejor adaptado a la realidad de las personas con ELA y sus familia", ha enfatizado Gómez del Río.

A nivel económico, ha indicado que la prestación para las personas con grado III+ pueden situarse entre 3.200 y 9.859 euros mensuales, en función de la intensidad de los apoyos que se necesiten, especialmente en atención domiciliaria o asistencia personal, y ha remarcado que "nadie va a tener que adelantar dinero".

Entre las medidas figura que se puede acceder a ayuda a domicilio, asistencia personal o a una prestación combinada que permita utilizar ambos servicios según las necesidades del paciente.

Además, en Cantabria, estas prestaciones son compatibles con los cuidados en el entorno familiar (PECEF), de manera que no se obligue a las familias a renunciar a apoyos esenciales. También son compatibles con teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP). En la ELA, el SEPAP incluye fisioterapia neurológica y/o respiratoria y logopedia.

Por otro lado, la prestación no se suspenderá en caso de ingreso hospitalario o residencial, con lo que se garantiza la continuidad del apoyo y se facilita una "flexibilidad real" a las familias, que tendrán que justificar las prestaciones trimestralmente.

Además del apoyo asistencial, Cantabria refuerza el económico por vía fiscal, con deducciones del 50% de los gastos relacionados con diagnóstico y tratamiento de la ELA, con un límite anual de 2.000 euros y sin límite de renta.

RSB

En el encuentro, también se ha informado de la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales por la que se compatibiliza la Renta Social Básica (RSB) con la percepción de ingresos laborales con el fin de lograr la inserción de los perceptores, pasando así de ser una prestación que garantiza unos ingresos mínimos a promover la inclusión activa.

La reforma establece que durante los seis primeros meses, desde la resolución que reconozca la compatibilidad, solo se computará el 25% de los ingresos procedentes de la actividad laboral a efectos del cálculo de la prestación.

Y si la actividad laboral se mantiene durante otros seis meses el porcentaje de cómputo ascenderá al 50%, lo que permitirá una transición progresiva de la protección económica a la autonomía derivada del empleo.