Condenados a penas que suman 29,5 años siete de los nueve detenidos por narcotráfico en CyL y Cantabria

Ha quedado absuelto el matrimonio acusado de suministrar droga en pisos de alterne que regentaba en Valladolid

Otros dieciséis detenidos en la misma operación ya pactaron penas el mismo día del juicio que suman globalmente 41 años

La Audiencia de Valladolid ha condenado a penas que suman setenta años y medio de prisión a vetintitrés de los veinticinco detenidos en enero de 2022 en una operación desarrollada en la provincia vallisoletana, Burgos y Cantabria.

Después de que en la primera jornada del juicio, el 29 de noviembre de 2021, un total de dieciséis encausados cerrara un acuerdo para asumir condenas que globalmente sumaban 41 años, la mitad de los 83 que inicialmente pedía para ellos el fiscal del caso, tan sólo quedaba por conocer la suerte de los otros nueve procesados que se negaron a pactar pena.

Pues bien, ahora siete de los 'inquilinos' del banquillo ya saben que sobre ellos han recaído condenas que, globalmente, se elevan a 29,5 años de privación de libertad, frente a los 46 que pidió para ellos el acusador público.

De estos últimos, las penas más duras, seis años y un día de cárcel y multa de 103.497 euros, las han recibido el hostelero Lino F.C. ('El Gordo'), propietario del club 'La Rosa' de Aranda de Duero (Burgos) y de un bar restaurante en Logroño, y el vecino de Fuentespina (Burgos) David S.M, según la sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.

Ambos han sido condenados por un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud, y en cantidad de notoria importancia, si bien han quedado absueltos de pertenencia a grupo criminal. Al segundo de ellos, David S.M, se le aplica la agravante de reincidencia y la atenuante de adicción a sustancias estupefacientes.

LA MUJER DEL CABECILLA, TAMBIÉN

Además, Margarita R.A, la mujer del cabecilla de la organización, Jesús Ramón M.F, que aceptó el primer día del juicio seis años y medio de cárcel y multa de 44.000 euros, ha sido condenada a tres años y medio por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, junto al pago de 8.664 euros de multa.

La condenada, trabajadora de una fábrica de conservas en Valladolid, alegó en el juicio que su marido, vigilante de seguridad en distintas empresas de la capital que distribuía importantes cantidades de sustancias estupefacientes entre personas de su confianza y consumidores habituales, le obligaba a colaborar con él bajo coacciones e incluso tras recibir algún "guantazo" por tratar de negarse.

Margarita, que compartía vivienda con su pareja en la localidad vallisoletana de Villanueva de Duero, llegó también a asegurar que su marido utilizó incluso la habitación de sus niños para ocultar la cocaína y el hachís por valor de 38.674 y 4.489 euros, respectivamente, halló la policía durante el registro.

Por su parte, los hermanos Juan Carlos y David L.F, quienes confesaron haber actuado para el principal cabecilla como 'intermediarios" en la captación de clientes a cambio de rayas de 'coca', han sido condenados tres años y medio de prisión por tráfico de drogas y grupo criminal, mientras que José María R.F, que acusó al 'cerebro' de la organización de acosarle para que actuara como "captador" de clientela, también ha sido condenado pero a tres años de privación de libertad.

El séptimo de los condenados, Juan Bautista P.L, ha recibido una pena de cuatro años de cárcel y multa de 71.400 euros por delito de tráfico de sustancias de las que no causan grave daño a la salud, en concreto por traficar con hachís, con la agravante de reincidencia.

El mejor parado ha salido el matrimonio compuesto por Juan Carlos V.D. y María Henar de S.H, que se exponía a cuatro años de privación de libertad y ha quedado finalmente absuelto. Se les acusaba de suministrar droga a través de pisos de alterne en Valladolid en los que se ejercía la prostitución.

Los nueve acusados, junto con los dieciséis que ya pactaron su condena y se retiraron del proceso, fueron detenidos en enero de 2022 en una operación desarrollada en Castilla y León y Cantabria tras recibir informaciones la Udyco sobre una organización que se dedicaba a la distribución de cocaína y hachís.