El comité de coordinación de la crisis de Irán se reúne para evaluar nuevas medidas que "serán necesarias"

El comité de coordinación de la crisis de Irán de Cantabria se reúne esta mañana por segunda vez para hacer seguimiento del impacto del conflicto en la economía regional, evaluar las medidas recogidas en el Decreto Ley aprobado el jueves por el Gobierno de España, proponer mesas de trabajo por cada sector y seguir sumando medidas "si fuera necesario, que lo será".

Así lo ha explicado el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), en una comparecencia previa al inicio de la sesión, en la que ha señalado que el Ejecutivo autonómico quiere "ir más allá" a las medidas adoptadas, dado que el desenlace de la guerra es "cada vez más incierto" y sus efectos pueden acabar convirtiéndose en "estructurales".

Por ello, ha afirmado que deben estar preparados para complementar unas medidas que "ya se han quedado cortas y resultan insuficientes", matizando que se trata de mejorar las ya existentes y añadir nuevas.

De este modo, el consejero ha explicado que la comunidad autonómica seguirá demandado al Gobierno de Pedro Sánchez la suspensión de la regla de gasto, es decir, el techo o el crecimiento del gasto del presupuesto; la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica; y la aprobación de un marco general europeo, como se hizo en el caso de la guerra de Ucrania.

Respecto a este último punto, ha detallado que va en el sentido de poder ofrecer compensaciones a las empresas por los costes a los carburantes.

El Gobierno de Cantabria también reclama la necesidad de habilitar las revisiones de precios en los contratos públicos ante el encarecimiento de los costes, como "ya nos están demandando los sectores de construcción y obra pública", ha dicho Arasti.

"Esa es la hoja de ruta que vamos a seguir", ha afirmado para apostillar que "no hace falta que los demás grupos políticos nos pidan nada". "Sabemos lo que tenemos que hacer y de la mano de quien hacerlo: el tejido productivo de Cantabria".

Y ha destacado que el Gobierno tiene el instrumento necesario para hacerlo, el presupuesto para 2026 --que será aprobado previsiblemente a principios de mayo gracias al apoyo del PRC tras el pacto al que han llegado 'populares' y regionalistas--.

21,6 MILLONES MENOS

En cuanto a las medidas ya existentes, Arasti ha relatado que desde Cantabria se reivindicó y trasladó una batería de propuestas al Gobierno español que trascienden su ámbito competencial y que "buena parte de ellas" han sido incorporadas al Decreto Ley.

Éstas son, especialmente, las medidas regulatorias relativas a la fiscalidad energética y las bonificaciones a los combustibles, medidas que, en parte, financia la comunidad autónoma con recursos propios, ha explicado.

Por ello, Cantabria ya ha dejado de percibir, y lo hará hasta el 30 de junio, 21,6 millones de euros. En concreto, 7,2 millones al mes, de los cuales 4,8 corresponden a la disminución de la recaudación del IVA; 2,1 millones a la del impuesto especial de la electricidad y 300.000 euros a la del impuesto de hidrocarburos.

A ellas, Arasti ha sumado el resto de medidas que "se han ido impulsando para ayudar a familias y empresas", como tres bajadas de impuestos, sobre todo del IRPF, "que sigue sumando deducciones"; bonificaciones al transporte público, y el mantenimiento del complemento del 15% de la renta social básica para las familias en dificultad.

Por otra parte, Arasti ha querido dejar "claro" que el Gobierno cántabro ha actuado con "agilidad". Al respecto, ha detallado que, si bien el 28 de febrero se iniciaba el conflicto, SODERCAN recibía el 5 de marzo el encargo de analizar su impacto en la economía regional y el día 16 se convocó la primera reunión del comité de coordinación.

"No podemos olvidar el carácter global de esta crisis, cuyo desenlace y duración desconocemos, pero que sin duda exige soluciones y un plan de país que permita articular una respuesta integral y sólida", ha dicho.

El titular de Industria ha defendido que la reacción del Gobierno de María José Saénz de Buruaga ha sido "inmediata" y su respuesta "prudente, coordinada y responsable". Algo que ha contrapuesto a otros gobiernos anteriores, en referencia al del PRC-PSOE, que tardó "cinco meses" en aplicar la primera medida tras el inicio de la guerra de Ucrania, ha criticado.

Arasti, que preside el comité, ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y la de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos.