Cantabria No Se Vende (CNSV) ha calificado de "tomadura de pelo" las medidas anunciadas esta semana por el Gobierno regional para detener la despoblación en las zonas rurales de la región, basadas en eliminar algunos requisitos para construir, que a su juicio servirán "únicamente para especular".
Para el colectivo, estas medidas suponen "repetir el proceso de urbanismo salvaje que tantísimo daño ha hecho a nuestras costas", pero "atacando" en esta ocasión a municipios del interior de la Comunidad, ha dicho en un comunicado.
Según anunció el Gobierno, la nueva Ley del Suelo facilitará la construcción en suelo rústico en 39 municipios de la región en riesgo de despoblamiento, por lo que CNSV ha criticado que las empresas constructoras "tendrán vía libre" para implantar viviendas unifamiliares e instalaciones de ocio y turísticas en lo que hasta ahora era terreno no urbanizable.
Así, ha apuntado a consecuencias "de sobra conocidas" por los cántabros, como la destrucción del patrimonio paisajístico, fomento del trabajo precario al convertir el turismo en la única actividad productiva de dichos municipios, especulación inmobiliaria y encarecimiento del coste de la vida para los que aún residen en nuestros pueblos.
CNSV también ha considerado que el marco municipal actual es "inadecuado" para analizar la despoblación en Cantabria, ya que los municipios cuentan con "realidades muy diversas".
Además, ha lamentado que el Ejecutivo pretenda hacer ver que la baja población de ciertas localidades, "repletas de casas vacías, se soluciona con más ladrillo".
"Su déficit es de servicios, no de viviendas", ha sentenciado el colectivo tras considerar que la apuesta debería ser por el fomento del alquiler y la rehabilitación de viviendas, y "no por la destrucción del equilibrio natural y arquitectónico de nuestros pueblos".
Así, CSNV ha criticado que, "mientras presenta esta nueva tomadura de pelo", el Gobierno mantiene "en el cajón desde hace años" el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) y las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), que deberían garantizar un desarrollo racional y sostenible para evitar que proyectos como este "hundan aún más la ya de por sí delicada situación de la Cantabria interior reincidiendo en el atentado urbanístico".
