CERMI saluda que la Justicia "liquide" la OID, el "primer foco de juego ilegal en España"

Representantes de la Confederación Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la firma del acuerdo para promover la inclusión en la universidad.
photo_camera Representantes de la Confederación Estatal de Defensores Universitarios (CEDU) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en la firma del acuerdo para promover la inclusión en la universidad.

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Cantabria saluda que la Justicia española, por fin, esté procediendo a la "liquidación de la llamada Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que durante décadas y con impunidad ha desarrollado actividades de juego ilegal, para las que ha usado a personas con discapacidad en situación de necesidad, como falsa coartada social".

La entidad se suma así al CERMI Estatal, que destaca que el pasado día 1 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción Número 1 y de lo Mercantil de Toledo, en el marco de un procedimiento concursal, adoptaba un auto en virtud del cual se declaraba disuelta la sociedad OID, sustituyendo a sus gestores por Administradores concursales, y se ordenaba la liquidación de la misma, con lo que se pone fin jurídico a una entidad "cuyo modelo de negocio fue siempre la explotación del juego ilegal".

Para el sector social de la discapacidad, "representante genuino de esta parte de la sociedad civil, esta decisión judicial es una buena noticia porque termina con una actividad ilícita que usaba a las personas con discapacidad como reclamo, pero que en realidad solo ha servido para el enriquecimiento desmedido de sus promotores, sin ninguna causa o valor social".

Una vez liquidada la OID, el movimiento CERMI exige a los poderes públicos "la vigilancia estrecha y la persecución y sanción de cualquier intento espurio de reeditar esta Organización u otra parecida, pues ha quedado acreditada en sede judicial su ilicitud y mala administración, con grave daño para el tráfico jurídico".

En nota de prensa, CERMI reclama asimismo una "solución social para las personas con discapacidad que estuvieran en plantilla de la extinta OID, para lograr su reinserción laboral en actividades lícitas que permitan su pleno y digno desarrollo profesional".

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