CERMI y EAPN se unen para mejorar la calidad de los servicios sociales en Cantabria
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de Cantabria y la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que agrupan a un total de 47 entidades, han firmado hoy un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente y conseguir unos servicios sociales de calidad.
A través de este convenio, ambas entidades pretenden establecer mecanismos de coordinación y colaboración en la elaboración de propuestas sociales, actividades de sensibilización, promoción de espacios de diálogo y sensibilización, así como la realización de acciones de incidencia política.
También, tienen como objetivo trabajar para mejorar las políticas sociales de Cantabria impulsando la participación activa tanto de las sociedades del tercer sector como de las personas con las que trabajan, además de establecer una línea de trabajo y diálogo entre las plataformas y la administración.
Así lo han explicado los presidentes de ambas entidades, Ignacio Fernández (CERMI) y Daniel Pesquera (EAPN) durante la firma del acuerdo, que ha tenido lugar en un acto celebrado en el centro cultural Casyc.
Según han concretado, la primera acción conjunta se llevará a cabo el próximo 23 de abril con una ronda de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para explicar sus propuestas.
Además, se celebrará una campaña de sensibilización sobre la ayuda al desarrollo del 0,7%, tanto del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), como del de sociedades, y de cara al próximo año otra campaña "más visible para la ciudadanía", ha detallado Fernández.
Según han explicado, el objetivo de esta alianza entre ambas entidades es "ser parte activa de la evolución y mejora de los servicios sociales", para lo que ven necesario participar, tanto en su planificación como en su desarrollo y evaluación.
Al respecto, han señalado que, según los datos del Índice de Desarrollo del 2012 al 2021, Cantabria se sitúa en el puesto 14 de las comunidades autónomas en cuanto al desarrollo de su sistema de servicios sociales con una tendencia descendente, especialmente marcada por la "perdida continúa de relevancia económica y un escaso desarrollo de la ordenación del sistema".
Ambas plataformas comenzaron a trabajar de forma conjunta en el 2021 con el objetivo de abrir una vía de diálogo entre el sector y la administración para conseguir políticas sociales de calidad para la ciudadanía. Entre las dos suman 47 entidades, que en 2021 atendieron a más de 61.382 personas en riesgo de exclusión social.