La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que da la razón al sindicato y establece que la Consejería de Educación "vulneró el derecho a la negociación colectiva" con la modificación del calendario escolar para que fuera lectiva la primera semana de noviembre.
CCOO ha valorado "muy positivamente" la actuación del TSJC, cuya sentencia cree que "cambiará mucho la manera de enfrentarse a las negociaciones que quedan por delante con la Consejería de Educación".
El sindicato presentó un recurso contra la resolución de la Consejería de Educación, que modificó el calendario escolar para que fuera lectiva la primera semana de noviembre y vulneró, como ahora recoge la sentencia dada a conocer ayer, el derecho a la negociación colectiva.
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"Esta sentencia no deja lugar a dudas sobre el hecho de que el calendario escolar es objeto de negociación con las organizaciones sindicales", ha subrayado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, que ha insistido en este punto desde el inicio del conflicto porque "afecta a la distribución del trabajo del profesorado y de otros colectivos vinculados al sistema educativo".
En este sentido, el TSJC remarca en la sentencia que "el principio de coherencia y de confianza legítima obliga a la Administración a negociar la modificación sustancial del mismo que implica la conversión en lectivo de un periodo que previa negociación colectiva se fija como no lectivo".
Por otro lado, como ha señalado la secretaria general de la Federación de Enseñanza, la sentencia "tira de las orejas" a la Administración y le recuerda que "negociar no es informar o consultar, sino aproximar posiciones, buscar el equilibrio de intereses y procurar llegar a acuerdos".
DEFENSA DE LA LIBERTAD SINDICAL
Sánchez ha valorado "muy positivamente" la actuación del TSJC porque "es duro" con la actuación de la Consejería de Educación y hace especial hincapié en el derecho a la libertad sindical.
Como reza la sentencia, "el sacrificio de la libertad sindical que implica la omisión de la negociación colectiva" para tomar una medida de este tipo "tiene que estar justificado" no solo en la mera mención del fin de salud pública perseguido, "sino en su adecuación a dicho fin, en su necesidad al respecto y en su proporcionalidad en consideración al bien o derecho que sacrifica o limita".
Y añade que en este caso la administración "no aporta pruebas sobre la adecuación, necesidad y proporcionalidad en relación con la lucha contra la pandemia".
