Casi 350 menores cántabros cumplieron medidas judiciales el año pasado, un 14% más

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Un total de 349 menores cumplieron medidas judiciales el año pasado en Cantabria, lo que supone un aumento del 14% respecto al ejercicio anterior.

En total el Juzgado de Menores de Cantabria impuso el año pasado 232 medidas (219 firmes y 13 cautelares), un 6,8% más. Este porcentaje aumenta hasta el 9,5% sumando las medidas de cumplimiento plurianual impuestas en años anteriores y que se continuaron ejecutando en 2019, según recoge la Fiscalía en su memoria anual, consultada por Europa Press.

Estas medidas afectaron a 225 menores -186 chicos y 39 chicas-, si bien el número total de menores que cumplieron alguna medida a lo largo del año pasado ascendió a 349 (283 chicos y 66 chicas), frente a los 306 del ejercicio anterior.

De las 2019 medidas iniciadas por el Jugado de Menores el año pasado (en 2018 fueron 205), 15 han sido de internamiento (una en régimen cerrado, 14 semiabierto y ninguno terapéutico), cinco de permanencia de fin de semana en centro, 117 libertades vigiladas, 74 de prestaciones en beneficio de la comunidad y cuatro de convivencia en grupo educativo como las más reiteradas. Se han llevado a cabo 71 refundiciones de condena frente a las 47 de 2018.

En torno al ocho por ciento de las medidas tuvieron que ser aplazadas en su ejecución por diversas causas, tales como incomparecencias del menor a las citas, desplazamientos a otras comunidades autónomas o bien hallarse el menor ingresado en centro de protección cumpliendo una medida que imposibilita su cumplimento simultáneo con medida de reforma como convivencia en grupo o internamiento.

Tal y como detalla la memoria del ministerio fiscal, a lo largo de 2019 se produjeron varios casos de "no retorno" de menores a centros de reforma, no así a fugas de los mismos. El centro socioeducativo juvenil del Gobierno de Cantabria registró tres "no retornos" de jóvenes, de los que dos de ellos fueron reingresados meses después por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habiendo regresado el tercero a su país de origen.

En el centro destinado al cumplimento de medidas de convivencia en grupo educativo se registraron nueve abandonos de menores y un "no retorno", siendo todos ellos "reincorporados al centro con posterioridad".

MENORES DE 14 AÑOS

Entre las infracciones cometidas por menores de 14 años el año pasado en Cantabria, la mayor incidencia se ha observado en el ámbito patrimonial, principalmente delitos leves de hurto, daños, así como de lesiones, y como en años previos en el denominado acoso escolar (en la mayoría de los casos no incardinable en los tipos más graves) realizadas por menores de 14 años incluso de edades muy bajas en cursos de Educación Primaria.

Los datos de 2019 demuestran un "notable incremento" de esta franja de edad, por lo que desde la Fiscalía se estima que sería positivo implantar en la comunidad autónoma un programa para la intervención con menores no imputables, por tanto desde la esfera de la protección, pero con una finalidad de prevención de futuras conductas delictivas, cuando se detecte por la Fiscalía en las diligencias preliminares de estos menores la existencia de algunos factores de riesgo.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por otro lado, la fiscalía contata en su memoria el "notable incremento" de las medidas de protección adoptadas por el ICASS en relación con menores en diferentes situaciones. En total se han incoado 364 expedientes de protección nuevos, observándose un aumento prácticamente en la totalidad de las medidas adoptadas con respecto del año 2018 y más aun si se compara con 2017.

Solo se da una disminución en los expedientes incoados para protección de menores en situación de riesgo, que han sido 275 frente a los 315 de 2018. Las causas principales son la incapacidad parental ante conducta adolescente de los hijos, e incumplimiento de los deberes de protección y negligencia en el ejercicio de las funciones parentales, siendo muy escasos los supuestos de sospecha de maltrato físico, emocional o posibles abusos sexuales.

Las tutelas asumidas durante el año 2019 por parte de la entidad pública han continuado en situación de "claro ascenso" con respecto a años precedentes y de hecho, frente a las 74 de 2018 la cifra pasa a ser más del doble en 2019, con 161.

Los supuestos de guardas acordadas por la entidad pública también han experimentado un notable incremento, pasando de 96 en 2018 a 125 en 2019, y se han triplicado en tan solo tres años (la cifra de guardas en 2017 fue de tan solo 42). La causa principal de esta medida ha sido la incapacidad de control por parte de los progenitores de conductas adolescentes de riesgo, seguida del maltrato o negligencia en el cuidado del menor al igual que en años precedentes.

Las medias de acogimiento adoptadas por la administración derivadas de las guardas y tutelas indicadas han sido 170 en modalidad de acogimiento residencial y 63 como acogimiento familiar, cifras que pueden incluir varias medidas para un mismo menor que van variando a lo largo del año, cambios de centro o incluso combinaciones de ambos tipos de acogimiento.

Se han constituido nueve guardas preadoptivas. Se han aprobado 214 planes de caso (frente a los 162 de 2018), siendo las causas más frecuentes de los mismos, preservación familiar en 74 casos, preparación para la vida independiente en 48, reunificación familiar 39, integración estable en familia alternativa en 37 casos, de los que ocho han sido mediante adopción y 29 en acogimiento permanente.

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