El secretario de Infraestructuras y Transportes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares, ha destacado este lunes en Santander el proyecto de Ley de Eutanasia aprobado la semana pasada en el Congreso por una amplia mayoría, iniciativa que "garantiza el derecho libre, voluntario, informado y consentido a todas las personas para tener una muerte digna".
Por eso, el socialista ha apelado al resto de representantes cántabros en la Cámara Baja (del PP, PRC y Vox) para que no se opongan a esta norma, con la que ha comenzado la XIV legislatura y con su partido demostrando -ha dicho- que son "pioneros a nivel europeo y mundial en la defensa del bien común al ampliar los derechos de las personas".
Así se ha expresado Casares en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes junto a la senadora socialista Isabel Fernández para valorar esta iniciativa legislativa, con la que "se da respuesta a una demanda social y se hace justicia con los más débiles", al tiempo que otorga el "derecho libre, voluntario, informado y consentido a todas las personas para que puedan morir dignamente".
Un proceso que, según ha explicado el diputado, estará sujeto a las garantías jurídicas y sanitarias suficientes, tanto para la persona que lo solicita como para los profesionales sanitarios.
"Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral a juicio de la persona que sufre", ha defendido, para criticar a continuación la "doble moral" e "irresponsabilidad" de la "derecha" -en referencia a PP, Cs y Vox-, cuando se habla de derechos sociales "que nunca quiere, pero a los que luego se acoge", como ha sucedido con las leyes del divorcio, del aborto, del matrimonio igualitario o de igualdad y que tienen en común que han sido aprobadas por gobiernos progresistas.
Asimismo, afirma que la ley de la eutanasia, en la que el PSOE lleva trabajando desde 2015, amplía el sistema nacional de salud porque se incorpora a la cartera de servicios más allá de la capacidad de tratamiento que no tienen respuesta al sufrimiento que padecen muchos paciente.
De este modo, la Ley de Regulación de la Eutanasia se complementa con una de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su visa. Ambas son diferentes, pero "necesarias y complementarias", ha aseverado Casares.
Se trata por tanto de una "respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista que da seguridad jurídica a los profesionales que participan y regula la objeción de conciencia".
REQUISITOS PARA ACOGERSE A LA EUTANASIA
En su comparecencia ante los medios Casares ha explicado las exigencias para poder hacer uso de la eutanasia, como que el paciente sufra una enfermedad crónica, grave o invalidante y sufrimiento físico o psíquico intolerable; que sea mayor de edad y con plena capacidad de obrar para solicitar la ayuda para morir. Por tanto, no incluye menores, ni personas sin capacidad de decisión.
Además, la solicitud de ayuda para morir debe ser registrada en dos ocasiones, con al menos 15 días de intervalo entre ambas y no permite que sea pedido por otra persona. Además, puede ser revocada en cualquier momento y se exige un testigo, que debe ser un profesional sanitario.
Y para completar el proceso con el mayor nivel de garantías habrá una Comisión de Control y Evaluación pluridisciplinar autonómica que ha de controlar todas las fases de forma previa y posterior a la muerte.
Por último, Casares ha indicado que en Cantabria hay alrededor de 2.886 personas inscritas en el registro de voluntades previas, en respuesta a la pregunta de cuantas personas podrían acogerse en la región a esta ley.
