El Gobierno regional pide al central"garantías jurídicas" para la ejecución del programa de Auxiliares de Conversación

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha solicitado al Ministerio de Educación "garantías jurídicas" para la ejecución del programa de Auxiliares de Conversación, un compromiso económico para afrontar la reducción de ratios y un plan de cooperación territorial en material de climatización de aulas.

Silva ha planteado estas reclamaciones en la segunda Conferencia Sectorial de Educación de 2026, en la que ha participado junto al director general de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, José Luis Blanco, y en la que se han aprobado los criterios de reparto de los Programas de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia lectora y matemática, Educación Inclusiva y el programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+.

Durante su intervención, Silva ha mostrado su preocupación por la situación generada en torno al Programa de Auxiliares de Conversación y ha solicitado al Ministerio "garantías jurídicas que vayan más allá de lo que dice la propia convocatoria y que aseguren que las comunidades autónomas no vamos a tener problemas vinculados a la gestión de este personal con el Ministerio de Trabajo".

Al respecto, el consejero ha recordado que se trata de un programa "muy consolidado" en Cantabria, que supone una inversión anual de aproximadamente un millón de euros para el Ejecutivo autonómico y que cuenta actualmente con cerca de 200 auxiliares de conversación en los centros educativos de la comunidad.

Asimismo, Silva ha dicho a la ministra de Educación, Milagros Tolón, que "lo prometido en marzo respecto a la memoria económica de la Ley de Reducción de Alumnos por Clase no se ha cumplido".

En referencia al proyecto de ley de modificación de la Ley 2/2019, el consejero ha lamentado que no se haya incorporado una memoria económica para una medida que en su opinión tendrá un elevado impacto presupuestario.

En este sentido, ha recordado que distintos organismos independientes estiman un coste superior a los 2.800 millones de euros anuales para el conjunto del país.

"De nuevo, el Ministerio no ha tenido en cuenta que somos las comunidades autónomas las que gestionamos el 90% del gasto educativo", ha criticado.

Además, Silva ha solicitado, junto a otras comunidades autónomas, la puesta en marcha de un Programa de Cooperación Territorial destinado a la mejora de las infraestructuras educativas, especialmente en materia de adaptación climática de los centros. Se trata de una petición que el consejero cántabro ya había trasladado en anteriores conferencias sectoriales y que cobra más relevancia tras los episodios de altas temperaturas registrados en las últimas semanas. "La ministra no se mostró dispuesta a estudiar dicha petición", ha confirmado Silva.