Cantabria es una de las comunidades con peores servicios sociales, según un estudio

El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes
Indice DEC sobre la situación de los servicios sociales en España.

El 40% de la población española vive en comunidades con serviciossociales débiles o irrelevantes y el gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02%. Estos son algunos de los datos que se desprenden del índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales en España.

País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales, mientras la Comunidad de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida deMurcia, Canarias y Cantabria calificados como irrelevantes.

Según el estudio, la inversión que realizan en materia de servicios sociales las Administraciones Públicas de Cantabria (Gobierno regional y entidades locales) registra un deterioro continuado desde 2013, en una tendencia divergente con la de la mayor parte de las comunidades y la media estatal, partiendo además de una posición muy destacada, en la que incluso alcanzaba la excelencia en este apartado del índice.

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Cantabria mejora en términos absolutos en el indicador de gasto por habitante y año, pasando de 388,8 euros en 2013 a 442,5 euros en 2019, en una tendencia creciente pero menos acusada que la media estatal, de ahí la pérdida de relevancia.

Y en el porcentaje que representa el gasto en servicios sociales de las administraciones públicas sobre el PIB regional la evolución de Cantabria no ha dejado de menguar, pasando del 2,55% en 2011 al 1,86% en 2019. Aun así, sigue por encima de la media estatal que es de 1,60%.

También una tendencia decreciente se muestra en el porcentaje que representa el gasto en servicios sociales sobre el total del gastocorriente de las administraciones públicas, del 9,69% en 2011 al 9,04% en 2019, ya por debajo de la media estatal (9,95%).

Como aspectos positivos el estudio destaca que las prestaciones y servicios del sistema de atención a la dependencia alcanzan en Cantabria al 10,8% de su población potencialmente dependiente,ligeramente por encima de la media estatal, que es del 9,7%.

También la cobertura de rentas mínimas de inserción es del 18,4% de su población bajo el umbral de la pobreza, más del doble que la media estatal (7,9%). Sin embargo, su cuantía es inferior, representando la media por persona perceptora el equivalenteal 12,5% de la renta media por hogar en Cantabria, mientras que a nivel estatal este porcentaje es del 17,1%.

En cuanto a las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores, la cobertura en la comunidad es de 3,5% y la media estatal de 2,7%.

Igualmente, la intensidad del servicio de ayuda a domicilio presenta una media de 25,4 horas mensuales frente a las 20,8 a nivel estatal.

Y en cuanto a plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, en Cantabria hay 39,8 plazas por cada cien mujeres con orden de protección; cuando la media estatal es de 9,5.

Por contra, en la parte negativa se encuentran los profesionales en las estructuras básicas de servicios sociales, con un trabajadorpor cada 3.084 habitantes, muy lejos de la media estatal que es uno por cada 1.875; o la cobertura del servicio de ayuda a domicilio, del que se benefician 3,7 de cada 100 personas mayores cántabras, mientras que la media estatal es del 4,9%.

Y en teleasistencia, 6,5 de cada 100 mayores tienen este servicio en Cantabria, mientras que a nivel estatal la media es del 10,2%; al igual que en el caso de los cogimientos familiares para menores, ya que 43 de cada 100 acogimientos de menores son de carácter familiar en Cantabria y la media estatal es del 50,4%.

Por último están las plazas de alojamiento para personas sin hogar, con 34,1 plaza por cada 100.000 habitantes en Cantabria, por debajo de la media estatal, que es de 40,7.

Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35).

Los 11 restantes empeoran su resultado. Las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25).

Asimismo, el informe pone en evidencia las "extraordinarias diferencias" entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una Ley de nueva generación.

Asimismo, el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 euros/año) que Murcia, con sólo 299 euros/año. El porcentaje del PIB regional que Navarra destina a Servicios Sociales (2,37%), es también más deldoble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%.

Las Administraciones Públicas del País Vasco destinan el 13,7% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79%.

Otro elemento de diferenciación que indica el informe es el número de profesionales de los servicios sociales de atención primaria que, Navarra, por cada 745 habitantes, mientas en Canarias es de un profesional por cada 3.219 habitantes.

En Castilla y León el 15,1% de su población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia, y sólo un 0,1% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas. En Canarias sólo el 7,6% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones --menos de la mitad que en Castilla y León)--, y en Cataluña el llamado 'limbo de la dependencia' es del 31,9%..

Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. Para los autores del informe, una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales.