Cantabria dispone de 275,4 millones de euros en remanentes entre ayuntamientos y otros entes, según Gestha

Plno extraordinario sobre remanentes
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Cantabria dispone de 275,42 millones de euros en remanentes entre ayuntamientos y otros entes como juntas vecinales y mancomunidades, según datos de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) actualizados a septiembre de este año.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) reúne a las comunidades autónomas este lunes, después de que el Gobierno anunciase que permitirá que los ayuntamientos usen sus remanentes "sin límite" este año y el próximo.

La utilización de estos fondos por parte de los municipios generó una controversia que tuvo una de sus últimas manifestaciones el pasado 10 de septiembre, cuando el Congreso rechazó convalidar el decreto ley que recogía un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

De esta manera, tras la protesta de ayuntamientos de todos los colores y el rechazo de la mayor parte de los partidos, el decreto quedó derogado.

De acuerdo con los datos de Gestha , las entidades locales de Cantabria cuentan con 275.419.604 euros de remanentes, de los que casi 73 millones son del Ayuntamiento de Santander, y 15,5 de la segunda ciudad de Cantabria, Torrelavega; 14,7 de Camargo; y 11,2 millones de Laredo.

"SIN LÍMITE"

La medida anunciada por el Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021 permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir "sin límite" de sus remanentes de tesorería en este año y el próximo.

Así lo confirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que explicó que los ayuntamientos podrán disponer de este dinero durante los años en los que quedan suspendidas las reglas fiscales --2020 y 2021--.

Eso sí, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales, deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas.

Asimismo, la medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos dos años. Con todo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales para financiar inversiones financieramente sostenibles.

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