La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha afirmado hoy que el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital de la justicia es "un punto de partida importante" para profundizar en la interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal utilizados en las distintas administraciones de justicia, pero ha advertido al Ministerio de la necesidad de compatibilizar "lo que ya existe y es bueno", en referencia a los sistemas más avanzados y que comparten las autonomías de Cantabria, Navarra, Aragón y País Vasco.
Este ha sido uno de los aspectos que ha defendido hoy la Comunidad Autónoma durante la Conferencia Sectorial entre el Ministerio y las autonomías, en la que ha intervenido el director regional de Justicia, Pablo Ortiz, y en la que Cantabria ha expuesto sus propuestas para mejorar la Administración judicial y se han aprobado los criterios de reparto de los nuevos fondos para las reformas estructurales del proyecto nacional de Justicia 2030.
Fernández ha apostado por "aprovechar la oportunidad" que supone el proyecto de digitalización de los juzgados y tribunales que impulsa el Gobierno de España con la nueva norma, pero dando respuesta al mismo tiempo a la realidad de las autonomías con sistemas de gestión procesal más desarrollados, como es el caso de Cantabria con 'Vereda'.
Cantabria, ha dicho, quiere avanzar "de la mano" de todos agentes implicados y ha valorado, por eso, la creación de los grupos de trabajo específicos con las comunidades autónomas para unificar los aspectos de interoperabilidad, regímenes de comunicaciones y notificaciones y sedes judiciales. Estos aspectos, a su juicio, "no son compatibles hasta el momento con la realidad de cogobernanza que rige actualmente las relaciones entre el Gobierno de España y las comunidades con competencias de justicia transferidas".
De cualquier forma, la consejera se ha mostrado confianza en que este marco de diálogo se obtenga finalmente un texto, "que nos sirva a todos", y ha ofrecido toda la colaboración de Cantabria para garantizar un entorno común e interoperable para todos los ciudadanos del país.
Respecto al programa de reformas estructurales del servicio público de justicia, el Ministerio y las autonomías han aprobado hoy los criterios para el reparto de los nuevos fondos europeos NextGenerationEU del proyecto Justicia 2030 que ascenderán en 2022 y 2023 a 70 millones de euros para todo el territorio nacional.
PROPUESTAS DE CANTABRIA
La Consejería ha preguntado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por la previsión de ampliación de la planta judicial y ha reiterado las peticiones de la Comunidad Autónoma tendentes a la creación de un nuevo juzgado de lo mercantil, otro de instancia en Santander, junto a las dos plazas de magistrados para la Audiencia provincial.
Por otro lado, y tal como se comprometió con el Colegio de Abogados, el Gobierno de Cantabria ha solicitado durante la Sectorial la revisión de las medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, tras la eliminación de las restricciones sanitarias por la pandemia, y volver así a la normalidad y de forma homogénea en el control de los aforos en los edificios judiciales de la región.
Finalmente, Cantabria ha defendido la necesidad de dictar una disposición actualizada de teletrabajo en la Administración de Justicia y que sea consensuada por las administraciones y organismos implicados.
