El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la primera Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de la comunidad autónoma, que llega con "20 años de retraso" --los transcurridos desde que la región asumió las competencias en este ámbito-- y que ha salido adelante con los votos de PP, PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.
Por su parte, el PSOE la ha rechazado al considerar que tiene "carencias insalvables" y Vox se ha abstenido por la inclusión de determinadas embarcaciones dentro del ámbito de aplicación de la ley y ha criticado que ésta no sea progresiva.
La norma, de 29 artículos y varias disposiciones, regula la actividad de las empresas de este sector, aplicando el principio de libre prestación de servicios pero requiriéndoles una declaración responsable previa. Además, establece derechos y deberes de los usuarios y fija sanciones.
Entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y, desde entonces, las empresas que vienen prestando servicios en la actualidad dispondrán de dos meses para presentar la declaración responsable previa estipulada en la ley.
El consejero del ramo, Roberto Media (PP), ha considerado una "gran noticia" la aprobación de esta ley "eminentemente técnica", "muy necesaria" que, según ha dicho, viene a regular un "sector muy en auge" en Cantabria.
Además, se ha mostrado "muy satisfecho" de que el Gobierno del PP haya elaborado esta ley para llenar el "vacío normativo" existente, algo que, según ha dicho, también está haciendo en otros ámbitos.
Y es que esta ley, según Media, era una "vieja demanda" y llega con más de "20 años de retraso".
El consejero ha agradecido a todos los grupos la "implicación" mostrada para mejorar el texto inicial. "Esta es una ley de todos y estoy convencido de que será una herramienta muy útil en el futuro para regular por fin este sector como se merece y mejorar las condiciones de trabajo de todos los actores implicados en él", ha confiado.
LEY
La norma tiene por objeto regular la ordenación del transporte marítimo de personas, mercancías o mixto que se desarrolla entre puertos o puntos de la comunidad autónoma, sin conexión con otros de fuera.
Dentro de su ámbito de aplicación, se incluye todo el transporte marítimo en el que exista una contraprestación económica. Se aplicará tanto a transportes regulares, excursiones recreativas y turísticas o alquiler de embarcaciones con patrón, pero finalmente deja fuera a aquellos con fines educativos o deportivos.
Prevé la creación de un registro de empresas de transporte marítimo de Cantabria. Éstas solo deberán presentar una declaración responsable previa de la actividad adecuada en la que se manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos por la normativa vigente para el ejercicio de la actividad, aunque tendrá que disponer de la documentación que así lo acredita y ponerla a disposición de la Administración cuando así le sea requerida.
Además, debe incluir una información de datos de contacto de la empresa y sus representantes y datos de las embarcaciones y de los servicios que se van a prestar.
En lo concerniente a los derechos de los usuarios, figuran, entre otros, los de disponer de información detallada en caso de incidencias, o el de recibir una compensación económica en caso de retrasos que no sean debidos a causas de fuerza mayor.
Además, se recoge el derecho a reclamar en caso de deficiencias apreciadas y ser indemnizados por daños ocasionados por la prestación del servicio. También se establece un sistema alternativo de resolución de controversias entre usuarios y empresas a cargo de la Junta Arbitral de Transportes.
Y en cuanto al régimen de infracciones y sanciones, por ejemplo, se considera falta "muy grave" prestar servicios sin haber realizado la declaración responsable o que ésta tenga datos falsos, lo que puede conllevar sanciones de multas de hasta 10.000 euros, cese de la actividad o, incluso, la inhabilitación temporal.
Por otro lado, incluye la posibilidad de que los operadores se incorporen a la Tarjeta Única de Transporte de Cantabria.
El PP ha subrayado la importancia de esta norma sobre una "compleja" materia, algo que también ha hecho el PRC, que ha puesto en valor las mejoras aportadas por los regionalistas para mejorar y aumentar la "seguridad jurídica" del texto.
EL PSOE VE "CARENCIAS INSALVABLES": ES UNA "OPORTUNIDAD PERDIDA"
Por su parte, el PSOE ha dicho 'no' al considerar que la ley se queda "corta" y es una "verdadera oportunidad perdida" a la hora de afrontar algunos de los desafíos del transporte marítimo en Cantabria, según ha indicado el exvicepresidente regional y diputado, Pablo Zuloaga.
Ha criticado que no hayan sido aceptadas algunas enmiendas de su grupo que pedía la incorporación de medidas relacionadas con la protección ambiental cuando la ley regula una actividad que tiene "incidencia negativa sobre algunos de los espacios naturales más sensibles de Cantabria", ha advertido.
Así, reclamaba se pudieran establecer criterios de capacidad de carga, limitaciones temporales o condiciones especiales de navegación en espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.
"Cuando volvamos a ver las imágenes del macrobotellón en El Puntal piensen que hoy podían haber evitado que eso sucediera si este Gobierno hubiera contado con las herramientas necesarias para poder evitarlo. Ustedes han preferido no escuchar, no hacerlo. Reflexionen, recapaciten", ha instado Zuloaga.
ABSTENCIÓN DE VOX Y EL APOYO DE PALACIO
Por su parte, Vox ha subrayado la importancia de esta ley y ha valorado las "mejoras" introducidas durante la tramitación, entre ellas una dirigida a controlar el uso de las motos de agua, pero se ha abstenido al considerar que deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma las embarcaciones de lista 7ª --las matriculadas para uso privado-- siempre y cuando su capacidad legal no exceda de 12 personas.
También ha censurado que se trata de una normativa "no progresiva" que, en algunos aspectos, cataloga con las "mismas exigencias" y plantea iguales sanciones para tipos de embarcaciones muy diferentes.
Y Palacio, por su parte, ha valorado el modelo "desregularizador" de la norma que, en su opinión, va a facilitar la creación de empresas y servicios dentro del sector marítimo, fundamentalmente relativas al ocio y turismo.
