El Parlamento aprueba la Ley de Control Ambiental, que regula la declaración responsable para asuntos de escasa relevancia

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes --con los votos a favor del PP, PRC y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio; y en contra del PSOE y Vox-- la Ley autonómica de Control Ambiental, que regula la declaración responsable para asuntos de escasa relevancia, que, a partir de ahora, no requerirán de la emisión del actual Informe de Comprobación Ambiental.

El objetivo de la nueva norma, que nace de un proyecto del ley impulsado por el Gobierno (PP), es reducir la carga burocrática y agilizar trámites para poner en marcha un negocio en la región.

Durante su tramitación se han incorporado al texto algunas enmiendas presentadas por los grupos. Dos del PP, las 18 presentadas por el PRC, más 13 transaccionales; y 26 y 5 transaccionales del PSOE (de las 36 presentadas). No obstante, la Ley no ha logrado el apoyo de los socialistas, al eliminar la Comisión de Comprobación Ambiental.

Del mismo modo, Vox, que decidió no presentar enmiendas parciales tras decaer su enmienda a la totalidad, ha votado en contra de la Ley de Control Ambiental, al considerarla una "chapuza", y ha advertido que tendrá "un impacto económico y administrativo muy negativo sobre el tejido productivo local".

"MANTENER 100% GARANTÍAS MEDIOAMBIENTALES"

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha explicado que la principal novedad es la generalización de la declaración ambiental responsable, que "permite reducir controles previos innecesarios, traslada la responsabilidad técnica a quien corresponde y cuando procede, y evita retrasos administrativos que hoy afectan de manera muy directa al emprendimiento local".

Esta fórmula se va a utilizar para todos aquellos asuntos de escasa relevancia ambiental que, a partir de ahora, no requerirán de la emisión del actual Informe de Comprobación Ambiental, que "puede tardar meses".

Así, en esos casos de escasa relevancia, bastará con que el interesado y el técnico competente, bajo su responsabilidad, presenten una declaración responsable indicando que cumplen con todos los requisitos establecidos en la normativa. Esto va a permitir a las empresas poner en marcha la actividad y, posteriormente la Administración comprobará que toda la documentación está en regla.

Media ha aseverado que esta fórmula "permite mantener al 100% las garantías medioambientales que ya estaban establecidas para cualquier proyecto, pero con una tramitación infinitamente más dinámica y sencilla".

Además, ha indicado que otro de los aspectos importantes que incorpora esta Ley es el régimen sancionador, en el que "no hay un endurecimiento" sino una tipificación "más clara y precisa, con criterios de graduación".

De esta forma, si se presenta una declaración responsable y se comprueba posteriormente que existe alguna irregularidad, se procederá a la inmediata clausura de su actividad y serán sancionados tanto el promotor como el técnico responsable con multas de hasta medio millón de euros e inhabilitación de hasta dos años.

El nuevo texto también recoge que se puedan poner en marcha medidas provisionales urgentes para aquellos casos en los que sea necesaria una inmediata actuación de la Administración ante un riesgo grave. En estos casos, se puede proceder a la inmediata parada del proceso productivo y precintar tanto las instalaciones como la maquinaria y la retirada y decomiso de sus productos.

Este plan prevé la introducción de medidas cautelares o incluso la suspensión de la actividad en caso de incumplimientos flagrantes de la normativa y se incrementarán las cuantías de las sanciones más graves.

El consejero ha señalado que esta ley "nace de una necesidad jurídica, administrativa y social incuestionable", y su aprobación es "imprescindible" ante los cambios legislativos que se han ido produciendo en las dos últimas décadas, que han dejado "desfasada" la norma vigente hasta ahora en la región en materia de control ambiental, que data del 2006.

Además, ha destacado que el proyecto de ley se ha sometido a información pública y "solo" ha recibido siete alegaciones, "ninguna" de la industria tradicional y del sector primario, que serán "los más beneficiarios". Además, cuenta con el "respaldo" del Consejo Asesor del Cambio Climático y el "apoyo" de los empresarios.

Ha reiterado que la motivación de esta nueva norma es "agilizar todos los trámites administrativos de forma que se descargue de trabajo redundante a los funcionarios, evitando duplicidades y facilitando la gestión a ciudadanos y empresas, y todo ello sin que se reduzca el control y la vigilancia de la Administración en la puesta en marcha de cualquier proyecto".

Finalmente, ha anunciado que si los ciudadanos les dan su confianza en las elecciones del próximo año, eliminarán "de forma inmediata" todas las "cuestiones superfluas" del PSOE introducidas vía enmienda, que "no aportan nada".

UNA LEY "MEJORADA"

El diputado 'popular' Alejandro Liz ha asegurado que esta norma "facilitará la llegada de inversiones estratégicas, impulsará la modernización del tejido productivo y favorecerá la implantación de nuevas actividades".

Por su parte, el diputado del PRC Guillermo Blanco ha señalado que, cuanto más ha avanzado la tramitación de este proyecto de ley, "más se ha acercado" al anteproyecto elaborado por su departamento en la pasada legislatura, al recuperar planteamientos que "refuerzan la seguridad jurídica", incorporar precisiones que "evitan las interpretaciones ambiguas" y mejorar el procedimiento que en el texto inicial "generaban dudas sobre competencias".

Así, ha puesto en valor las enmiendas presentadas por su partido para dotar a Cantabria de una Ley "más sólida, más clara, más segura y mejor preparada para afrontar los retos ambientales de los próximos años".

"DESAPARICIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL"

Mientras que Pablo Zuloaga (PSOE) ha sostenido que Cantabria "necesita" agilizar procedimientos y facilitar la actividad económica", pero considera que "ninguna simplificación administrativa puede justificar la desaparición de mecanismos de control y de elaboración que fortalezcan la protección ambiental".

No obstante, ha destacado que los socialistas están "orgullosos de haber contribuido decididamente a mejorar" esta ley.

Por su parte, el diputado de Vox Armando Blanco ha denunciado que la Ley incluye una disposición adicional de los 'populares' que pretende "saltarse la legislación nacional de control de los macroparques eólicos y, muy probablemente, regularizar la situación de aquellos que actualmente están siendo investigados por Fiscalía".

Además, ha lamentado que una ley "tan importante" para Cantabria y "con tanto impacto socioeconómico", nazca "sin el consenso necesario para establecer una estrategia de la región para los próximos 25 años".

Finalmente, el diputado no adscrito Cristóbal Palacio ha destacado que esta Ley tiene "numerosas virtudes", la principal es, a su juicio, la introducción de sistemas de simplificación administrativa, si bien considera que el sistema sancionador es "excesivo".