La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha aclarado en relación a las diligencias de investigación abiertas por presunto fraude en la contratación pública y cohecho en la empresa Gesvican que "corresponden a etapas anteriores y a gobiernos anteriores" y "en ningún caso a hechos que se hayan producido bajo el mandato del Gobierno actual" del PP.
Así lo ha precisado este lunes a preguntas de los periodistas sobre la pieza separada de la conocida como 'trama de Carreteras' abierta por un Juzgado y por la que estaría siendo investigado personal de Gesvican, dependiente de la misma Consejería del Gobierno regional.
Buruaga ha confirmado la existencia de dichas diligencias previas por unos hechos que se conocen por la anterior investigación y que podrían ser "una ramificación" del caso, pero que están siendo objetos de una pieza separada en los juzgados.
Así, ha apuntado que se está todavía en una fase inicial y que en los próximos días se van a practicar las pruebas previstas -declaraciones de investigados y testigos-, por lo que todavía no hay una acusación concreta.
Entre tanto, el Ejecutivo -que está personado en el procedimiento abierto por la trama de Carreteras- está colaborando "estrechísimamente" con la Justicia, según ha destacado su presidenta.
Y en el ámbito interno, se ha centrado en "extremar los controles" y en evitar la participación de las personas que pueden verse afectadas por esta investigación en los procedimientos de contratación pública de la Consejería.
INVESTIGACIONES EN CARRETERAS Y GESVICAN
Fruto de la primera instrucción, que lleva a cabo la titular del Juzgado 5, se iniciaron otras diligencias, que si bien se archivaron provisionalmente, se reabrieron después ante nuevos indicios, por los que tendrán que declarar testigos e investigados, entre ellos empleados de esa empresa pública.
En la investigación iniciada hace un año en la Consejería de Obras Públicas, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de obras en la región, fueron detenidas ocho personas, entre ellas un funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas, Miguel Ángel Díez, supuesto cabecilla de la red y que estuvo en prisión provisional por estos hechos varios meses, desde que se destaparon, en febrero de 2023, y hasta septiembre de ese año.
Se le atribuyen los delitos de cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental, que podrían suponer hasta seis años de cárcel cada uno de ellos. En la trama estarían también involucradas su mujer e hijas y responsables de cuatro empresas de la región que igualmente están siendo investigadas: Rucecan, Api Movilidad, Cannor y La Encina.
En la instrucción de esta causa, que sigue su curso, se encontraron indicios de un posible delito no conexo con lo que está investigando el Juzgado 5, por lo que se remitió a Decanato para su reparto a otro órgano judicial.
Así, se abrieron diligencias por fraude en la contratación pública y cohecho, se ordenó investigar a la Unidad Operativa Regional de Vigilancia Aduanera, se practicó una testifical y se decidió sobreseer provisionalmente al no hallarse indicios suficientes de delito, según han explicado a esta agencia las citadas fuentes.
Pero tras aparecer nuevos indicios, se acordó la reapertura y la práctica de nuevas diligencias. En estos momentos, está pendiente, entre otras diligencias, la práctica de testificales y declaración de investigados. Entre estos últimos figura personal de Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras
