El consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, ha señalado que la sentencia que declara inconstitucional la caza de lobos en Castilla y León "en nada afecta a Cantabria", que recurrió la protección de la especie por la que dejó de ser cinegética y que es partidaria de retomar el plan de gestión que estuvo vigente en la región hasta el pasado otoño y llevar a cabo controles poblacionales.
Así lo ha indicado este jueves a preguntas de los medios a propósito del fallo del Tribunal Constitucional que anula artículos de la ley de la comunidad vecina que permitía cazar ejemplares al Norte del Río Duero, donde se concentran el 97 por ciento de los cánidos.
Blanco se ha remitido a la valoración de su homólogo de Castilla y León, que es a quien "afecta" la resolución del TC, que aborda una "cuestión concreta" de esa región y que -como ha remarcado- "en nada afecta a Cantabria".
Ni tampoco, ha añadido, a Asturias, Galicia e incluso a la propia CyL en el recurso presentado en la Audiencia Nacional en contra de la inclusión del lobo en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que "es a lo que se agarra" el TC.
"Obviamente, tiene que suspender la caza cuando ya hay una orden posterior, del 20 de septiembre -LESPRE-, en la que ya incluye a la especie en un ámbito protegido y que evita poderse cazar", ha evidenciado Blanco.
En este sentido, ha recordado que es algo que "no existía" en Cantabria desde "hace muchos años", pues "el lobo no era un trofeo de caza", de ahí que la sentencia no afecte a esta región ni a las otras tres en su postura contraria a la protección del cánido y a favor de un control poblacional de la especie en base a planes de gestión llevados a cabo hasta su introducción en el LESPRE.
De hecho, Cantabria autorizó el mes pasado la caza controlada de un máximo de diez ejemplares en tres zonas de la región ante los "recurrentes e importantes" ataques a los ganaderos en los últimos meses.
Por último, el consejero ha aprovechado para resaltar que las distintas sentencias dictadas hasta ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria han dado la razón al Gobierno autonómico en relación a las medidas del plan de gestión y frente a los recursos de asociaciones ecologistas.
