Los ayuntamientos han reclamado al Ministerio de Hacienda que les permita invertir sus 5.000 millones de euros de superávit de 2019 en inversiones financieramente sostenibles, y que apruebe para ello un decreto ley, puesto que no habrá Presupuestos del Estado aprobados a corto plazo por la ausencia de Gobierno.
Así lo ha exigido la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su primera reunión del mandato 2019-2023, celebrada este martes en Madrid. El presidente, Abel Caballero (PSOE), ha dicho que va a solicitar una reunión con la responsable de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, para abordar distintas cuestiones.
Entre otras, esta de las inversiones financieramente sostenibles, que pueden realizar en determinados servicios los municipios que cumplen con las normas de estabilidad. Caballero ha explicado que sin Presupuestos Generales del Estado se requiere que el Gobierno apruebe un decreto ley que lo autorice. Es lo que ocurrió a principios de 2018, con Cristóbal Montoro (PP) al frente del Ministerio, y también en marzo del año pasado, con María Jesús Montero (PSOE) como ministra de Hacienda.
Los ayuntamientos quieren además que esas inversiones puedan licitarse en 2020 y terminar de ejecutarse en 2021, puesto que los trámites administrativos pueden ser largos y se requiere tiempo para que la decisión de realizar una inversión realmente se materialice.
Abel Caballero ha defendido que las entidades locales serán de nuevo este año "la administración más cumplidora de la arquitectura constitucional española" y volverán a tener superávit, reducirán su deuda y cumplirán con la regla de gasto.
Sobre esta última cuestión, el presidente de la FEMP ha pedido que se agilice la reforma legal acordada para flexibilizar su aplicación a los ayuntamientos y que tampoco se ha podido aprobar con un Gobierno en funciones.
PENDIENTES DEL IVA DE 2017
El presidente de la Federación ha valorado que el Gobierno vaya a transferir este año las actualizaciones de las entregas a cuenta del sistema de financiación, tanto a Comunidades Autónomas como a las entidades locales. Pero ha recordado que ha quedado sin resolver el ajuste del IVA de 2017, que "se escatimó a los ayuntamientos y diputaciones por razones contables" y que asciende a 753 millones de euros.
Caballero ha explicado que quiere plantear este asunto también a María Jesús Montero, porque cree que se podría "haber arreglado de otra forma" y las entidades locales no van a dejar de reclamar esos ingresos.
En relación con el Impuesto de Plusvalías, la reforma está pendiente de que vuelva la actividad legislativa al Congreso. Abel Caballero ha anunciado que la Federación va a plantear modificaciones para ajustarse a la última sentencia del Tribunal Constitucional.
Por último, y como es habitual en todos los acuerdos de la FEMP, los municipios quieren que se aborde la reforma de su financiación y que se haga simultáneamente a la de la financiación autonómica. "No queremos quedar de factor residual", ha concluido.
