El Gobierno considera que la reforma del Reglamento de Costas, anulada por el Tribunal Supremo a causa de la omisión de la consulta pública, no afecta a los deslindes realizados mientras ha estado en vigor.
"Tras un análisis técnico, se considera que en ninguno de los deslindes aprobados desde agosto de 2022 se hubiera establecido una línea de dominio público marítimoterrestre distinta de no haberse aprobado esta modificación", asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria recogida por Europa Press.
En este sentido, detalla que ninguno de esos deslindes "tenía en consideración exclusivamente los criterios que ese Real Decreto modificaba en el Reglamento General de Costas".
El Gobierno responde así a la pregunta escrita realizada por los diputados del grupo popular Óscar Clavell López, Alberto Fabra Part y Joaquín Melgarejo Moreno que cuestionaban al Ejecutivo sobre si va a anularse algún deslinde de dominio público marítimo-terrestre iniciado, aplicando el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, de Reglamento General de Costas tras la reforma de 2022 que ha anulado el Tribunal Supremo.
Además, el Ejecutivo especifica que la modificación del Reglamento General de Costas, se refería a "aspectos parciales de una materia" y que modificaba 27 artículos de un total de 228, tres disposiciones adicionales de un total de 12, y dos disposiciones transitorias de un total de 26.
Por otra parte, el Gobierno subraya que continuará trabajando para proteger el dominio público marítimo-terrestre aplicando "la legislación de costas, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, la Estrategia para la adaptación de la costa española al cambio climático y toda la normativa ambiental aplicable".
Lo pone de manifiesto en respuesta a otra pregunta parlamentaria efectuada por los mismos diputados que requerían saber cuál va a ser la actuación del Ejecutivo tras la anulación de esta reforma.
