ANPE reclama seguridad jurídica para el profesorado de FP en los talleres
El sindicato ANPE Cantabria ha reclamado a la Dirección General de Formación Profesional que aclare de manera expresa las "contradicciones e incertidumbres" existentes en las Instrucciones de Inicio de Curso sobre prevención de riesgos laborales en los talleres de Formación Profesional, al considerar que "existen contradicciones e importantes zonas de incertidumbre entre el contenido de dichas instrucciones y las explicaciones posteriores ofrecidas por la propia Administración".
La organización sindical ha señalado que las nuevas obligaciones incorporadas en las instrucciones incluyen la elaboración de inventarios de maquinaria, cumplimentación de checklists de seguridad, realización de inspecciones y revisiones periódicas, elaboración de procedimientos escritos y registros documentales, entre otras medidas que generan confusión sobre las responsabilidades del docente.
ANPE ha insistido en que "es imprescindible garantizar la seguridad jurídica del profesorado afectado, especialmente en aquellas familias profesionales que trabajan diariamente con maquinaria, herramientas y equipos potencialmente peligrosos".
También ha criticado que la Consejería sostenga que estas medidas no suponen un incremento de responsabilidades para el profesorado, afirmación que considera "difícilmente compatible con el contenido de las propias instrucciones".
El sindicato ha destacado que mientras se exige la cumplimentación obligatoria de checklists de seguridad antes de utilizar cada máquina con alumnado, la Administración los califica posteriormente como "herramientas meramente orientativas", generando una "contradicción evidente".
La organización ha expresado especial preocupación por la introducción del concepto de "mantenimiento de nivel 1" sin que exista "una definición clara de su alcance ni una referencia normativa expresa que delimite qué operaciones comprende y cuáles quedan fuera de las competencias docentes". Asimismo, ha señalado que "se afirma que el profesorado no realiza validaciones técnicas de seguridad mientras, al mismo tiempo, se le exige detectar deficiencias, verificar dispositivos de protección y participar en procedimientos que pueden determinar si una máquina puede o no ser utilizada por el alumnado".
ANPE Cantabria ha reclamado que la Consejería publique una aclaración oficial que determine el carácter no obligatorio de los checklists, el alcance real de las inspecciones, la definición del "mantenimiento de nivel 1", las responsabilidades derivadas de la detección de deficiencias y la distribución de funciones entre los distintos agentes.
El sindicato ha enfatizado que "la prevención de riesgos laborales no puede construirse sobre la incertidumbre jurídica" y que "la seguridad de los centros educativos exige normas claras, responsabilidades definidas y el respaldo técnico adecuado".