El Gobierno cántabro planta a Bolaños en la Sectorial de Justicia por falta de compromiso en asuntos "que realmente importan"

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, junto con el resto de consejeros de Justicia de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, ha decidido no participar en la Sectorial de Justicia de Barcelona, ante la "falta de compromiso" por parte del ministro, Félix Bolaños en asuntos "que realmente importan" en la Ley de Eficiencia de la Justicia.

En un comunicado, la consejera ha explicado "que no podíamos sentarnos hoy en la conferencia sectorial sin un compromiso, por parte del Ministerio", para tomar decisiones de cara a la implantación de la nueva Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia. "Y no lo podíamos hacerlo porque era necesario que habláramos y decidiéramos de lo que realmente importa", ha añadido.

Con estas afirmaciones, la consejera se refiere a establecer los modelos de referencia y aprobarlos en esta Conferencia Sectorial, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de esta ley.

Así como también a la financiación de dicha norma, del coste que va a suponer su puesta en marcha para la comunidad autónoma, "que, en el caso de Cantabria, sin haber todavía valorado muchos aspectos", ascendería a "2 millones de euros, de carácter estructural y de futuro", ha señalado.

"Dos millones de euros más que no estaban previstos en nuestro presupuesto y que nuestro ministro se niega, de forma rotunda, a financiar", ha añadido.

La consejera ha considerado que esta postura pone de manifiesto "lo contrario a la cogobernanza: ellos legislan y nosotros tenemos no solo implementar lo que legislan, sino también financiarlo", ha denunciado.

Otro de los asuntos planteados por Cantabria para debatir en esta Conferencia Sectorial era el desarrollo de la Ley, de los reglamentos que van vincular a las comunidades autónomas, de los que, "a fecha de hoy, no tenemos noticia ni conocemos su contenido".

Lo mismo ha ocurrido con la aprobación de un marco común de teletrabajo, "a lo que también se ha negado el ministro Bolaños".

CARTAS DE CANTABRIA

Para la consejera de Justicia, la convocatoria de esta Sectorial tiene como fin "ser un monólogo del ministro, para que hablemos y no decidamos. Y nosotros no estamos para perder el tiempo", ha explicado.

Urrutia ha recordado que esta semana, su departamento ha enviado cartas para la inclusión de estos asuntos en el orden del día, como se había avanzado en la Conferencia Sectorial de Córdoba del pasado mes de noviembre, pero, pese a que el ministro se comprometió a incluirlos, finalmente no lo ha hecho.

"No nos ha dado la posibilidad de decidir sobre el futuro de la Administración de Justicia", ha concluido.

Al respecto, para la consejera lo que "ha dejado hoy clarísimo el ministro de Justicia es lo que vemos todos los días con el Gobierno de Sánchez: la falta de democracia, la falta de lealtad a las comunidades autónomas y la falta de compromiso y colaboración con las regiones".

"Y ello viene refrendado por la propia manifestación de Bolaños, previa a la celebración de esta Sectorial, 'no voy a llevar nada a la Conferencia Sectorial que sea decisorio, por si lo pierdo'. Ese ha sido uno de los argumentos para no introducir los puntos que se le había exigido en las tres cartas", ha señalado el Gobierno regional.

Urrutia ya afirmó el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria que la cita de este viernes en Barcelona estaba hecha a los "solos efectos informativos y a mayor gloria del ministro", recordando la necesidad de que la Conferencia Sectorial de Justicia tome decisiones "imprescindibles en el foro adecuado" para poder implantar con las suficientes garantías el nuevo modelo de oficina judicial.

PLANTE

Los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP presentes en la Comisión Sectorial de Justicia --Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria-- que se celebra este viernes en Barcelona han abandonado la reunión.

En la reunión, celebrada en el Recinto Modernista de Sant Pau, está presente el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas, entre los que está el conseller catalán, Ramon Espadaler.

En declaraciones a los medios, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que se han marchado porque en el orden del día "no se iba a hablar de financiación" de la ley de Eficiencia de la Justicia, ni tampoco del reglamento y los modelos de referencia de la nueva norma.

Ha detallado que le han pedido a Bolaños que convoque "una nueva conferencia sectorial mañana mismo, si quiere" para poder abordar estas cuestiones, y ha acusado al Ministerio de buscar hacerse la foto de la reunión pero cerrarse a abordar cuestiones que consideran fundamentales para poder aplicar con éxito la ley.

"Aquí no hemos venido a hacernos una foto, aquí hemos venido a trabajar. Esto es una conferencia sectorial, no es una tertulia", ha subrayado el consejero madrileño, que ha detallado que la aplicación de la norma tendría un coste de 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid.

Ha insistido en que no han visto ninguna voluntad por parte del Ministerio de hablar sobre la financiación de la norma, que ha recordado que debería asumir en cumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca): "Cuando la Administración General del Estado adopte decisiones que afecten a la financiación de las comunidades autónomas, lo tienen que financiar".

García Martín ha respondido a las palabras de Bolaños, que ha sostenido que el abandono de la reunión es un gesto de 'gamberrismo institucional': "Lo que el ministro puede llamar macarra para mí es responsabilidad, la responsabilidad de implantar con medios una ley".

Ha negado que el Ministerio haya "aportado absolutamente nada" a las comunidades autónomas para aplicar la ley, al ser preguntado por los 325 millones de euros que Bolaños asegura que ya se han transferido, y ha añadido que este dinero son fondos europeos destinados a otras cuestiones.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha explicado que Bolaños les dice que la ley no tiene ningún coste y que además generará ahorro, y ha preguntado que, si es así, "¿qué miedo tiene a que lo asuma el Ministerio?", tras lo que ha deseado que no se vuelva a repetir esta situación y también ha pedido que se vuelva a convocar una reunión con garantías de hablar sobre la financiación de la ley.

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha lamentado la actitud del ministerio porque, ha asegurado, han intentado que incluyese todos los puntos del orden del día que veían "necesarios para poder aplicar la ley", pero que han recibido contestaciones vagas o sin compromiso.

"Incomprensiblemente, o quizá no, quizá reproduciendo una forma de trabajar a la que se nos tiene acostumbrados el Gobierno también en otros ministerios. El ministerio decide lo que quiere hacer y todas las comunidades tenemos que hacer un seguidismo", ha valorado.

Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha considerado que el Ministerio ha perdido una oportunidad magnífica de llegar a acuerdos: "Lo que tenemos claro es que no vamos a someternos a un trágala, que es lo que se pretendía en el día de hoy: una foto", ha expresado.

Ha asegurado que el Ministerio ha trasladado unos datos y una información de la que no disponían las comunidades autónomas, que no habían negociado, y sobre las que no habrían "podido plantear nada".