La asociación AMA ha acordado abandonar las relaciones con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos afectados por las sentencias de derribo en febrero si no se producen "avances sustanciales" en la aprobación de soluciones.
Así lo ha señalado la asociación en nota de prensa, que dice estar "cansados de los incumplimientos, de las mentiras e incluso del propio desprecio a cientos de familias". "Hasta aquí hemos llegando, ya no podemos más", ha trasladado.
Así, ha advertido que "en el caso de que en el mes de febrero no haya avances sustanciales en la aprobación de las soluciones para afectados por los derribos cesarán toda colaboración con estas instituciones", excepto con el Ayuntamiento de Arnuero, que "tiene aprobado sus PGOU y el Plan Parcial para la construcción de las viviendas de sustitución".
Asimismo, AMA ha indicado que tomará medidas legales, de información a la justicia sobre "retrasos totalmente injustificados, que están costando muchos recursos de todos los ciudadanos de Cantabria y cuyos actuaciones pueden tener fines espurios".
"Es deprimente y lamentable ver cómo los informes sectoriales de los PGOU se retrasan una y otra vez injustificadamente, como los equipos redactores no son capaces ni de seguir las recomendaciones de las autoridades pertinentes, y como pasan los años, las legislaturas y se hace caso omiso a los propios acuerdos y recomendaciones del Defensor del Pueblo, del Parlamento de Cantabria, de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo", ha lamentado.
En este sentido, la asociación informará al Parlamento de Cantabria, al Defensor del Pueblo, al Congreso, Senado y a la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo de los "graves incumplimientos de estas instituciones".
Asimismo, ha anunciado que ha anulado la reunión que tenía prevista para este sábado 29 de enero con miembros del Gobierno y de los ayuntamientos "ante la falta total de avances que justifiquen la misma".
Además, AMA ha avanzado que volverá a las movilizaciones, los encierros y las denuncias por "actuaciones, posiblemente ilícitas, en las que pueden haber incurrido quienes en lugar de dar soluciones a los ciudadanos les están ocasionando muchos y graves problemas".
Así, una vez recopile la información sobre la situación actual, la asociación convocará una reunión en febrero para aprobar la movilizaciones y las actuaciones necesarias.
"Nos sentimos totalmente defraudados por estas instituciones, con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a la cabeza por sus responsabilidades pasadas y presentes, y con un Gobierno y unos ayuntamientos que siguen vendiendo humo a los ciudadanos", ha concluido.
