AMA pide al Parlamento una comisión de investigación sobre el cumplimiento de sus resoluciones

La Asociación de Maltratados por la Administración, que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha registrado este lunes una iniciativa en la que pide al Parlamento regional crear una comisión de investigación y/o seguimiento sobre el grado de cumplimiento de las resoluciones de la Cámara en relación al colectivo.

Además, AMA ha pedido al Legislativo que ponga todos los medios posibles para el cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta materia, algo "que lleva tanto tiempo sin resolverse".

Asimismo, la agrupación ha presentado a todos los grupos parlamentarios -PRC, PP, PSOE, Cs y Mixto-Vox- nueve iniciativas que "pueden tener cabida" en la nueva Ley de Suelo, entre las que destacan las orientadas a acortar los plazos en la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana.

"Dar mayor seguridad justicia a los compradores de las viviendas, reparar el daño causado por las actuaciones de las administradores públicos en tiempo y forma, así como la prescripción a los 20 años de sentencias que afecten a terceros de buena donde las administraciones no cumplan con sus obligaciones" son otras de las reclamaciones que hace la agrupación.

Y es que, razona AMA, "cualquier delito en el ámbito penal, así como cualquier asesinato, tiene un plazo de prescripción. Sin embargo, los afectados por las sentencias de derribos, terceros de buena fe, soportan una condena perpetúa que nunca prescribe", se lamentan.

El colectivo denuncia la "falta de actuación" del Gobierno de Cantabria, sus "engaños y mentiras", así como los de los ayuntamientos afectados, con la "única excepción" de Arnuero.

Por todo ello, AMA ha avanzado que realizará próximamente la denominada 'Ruta de los inocentes' por las instituciones implicadas en este problema, recorrido que acabará en un acto en el Ateneo de Santander, en fecha pendiente de determinar aún.

Finalmente, los afectados por sentencias de derribo indican que volverán al Senado para "intentar mejorar la legislación que afecta al tercero de buena fe".