Los cuatro acusados de integrar una organización que operaba en Cantabria y dedicada al tráfico de cocaína, que introducían en España oculta en el interior de piñas procedentes de Costa Rica, han aceptado este martes los hechos en el juicio contra ellos en el que se han conformado con hasta cuatro años y medio de prisión para uno de ellos, la mitad de la pena solicitada inicialmente a todos.
Ha sido en la vista celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria por acuerdo de las partes, según el cual se dictará sentencia.
En concreto, el fiscal ha modificado su escrito de acusación y ha pactado con las defensas cuatro años de cárcel por un delito contra la salud pública -de sustancias que causan grave daño- y seis meses más por otro de pertenencia a grupo criminal al principal encausado, al que ha aplicado las atenuantes de confesión y adicción a las drogas.
Para otros dos implicados se ha consensuado una pena de tres años y siete meses de prisión por tráfico de drogas y cinco meses más por pertenencia a banda criminal. Todos ellos estaban encarcelados provisionalmente desde marzo y abril del año pasado, cuando se descubrió la operación.
Y para la cuarta encausada se ha pactado dos años de prisión, al considerarse cómplice -y no autora- de los hechos, y aplicarse además en este caso la atenuante de confesión.
Antes del plenario, que se iba a celebrar durante tres sesiones, hasta el jueves día 3, el ministerio público pedía nueve años de prisión a cada uno de los procesados, en concreto ocho por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño y uno por pertenencia a grupo criminal, además de multa de 300.000 euros, cuantía que con el acuerdo se ha rebajado hasta los 110.000 euros.
OPERACIÓN
A juicio del fiscal, formaban un grupo destinado a la introducción de sustancias estupefacientes en España. Dos de ellos usaban para tal fin una sociedad con centro de actividades en una nave del polígono industrial de Guarnizo, en El Astillero, que había constituido uno de los incriminados en 2010 y de la que era administrador desde 2017.
La finalidad de la entidad era dar una "base ficticia" a la introducción de cargamentos de fruta o pulpa de fruta cuando en realidad, y según el fiscal, "no tenían ningún interés en este producto", sino en "dar cobertura a la introducción de drogas", encargándose además de realizar los trabajos de encargo, recogida y depósito de la sustancia estupefaciente.
Para tal fin, uno de los procesados alquiló en marzo de 2021 una cámara frigorífica en una nave en el polígono industrial San Isidro de Seseña, en Toledo.
Así, el día 11 de ese mes lograron introducir en nuestro país por el puerto de Algeciras un contenedor con 1.680 cajas de piñas procedentes del país costarricense a través de una empresa.
En el contenedor se encontraban escondidos en 16 cilindros algo más de 8 kilos de cocaína que fueron trasladados, en entrega controlada, cinco días después a la citada nave de Seseña, donde esperaban dos de los procesados desde las nueve de la mañana.
Uno de ellos se encargó de marcar las piñas que contenían la sustancia estupefaciente y estuvo presente en la descarga de la mercancía, actividad que se prolongó hasta pasadas las cinco y media de la tarde cuando ambos abandonaron el lugar.
Otro de los incriminados, por supuestamente dirigir el grupo, era el que daba las órdenes oportunas para el buen fin de la operación, "a corta distancia" de la nave en la que se recibió el producto y habiendo efectuado entregas de dinero a uno de los anteriores. Posteriormente eran remitidas al lugar de origen de la mercancía, que resultó ser cocaína: ocho kilos valorados en más de 207.000 euros.
En el momento de la detención de los sospechosos, uno de ellos en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a abandonar el país con destino a Bogotá, les intervinieron distintas cantidades en efectivo procedentes del tráfico de drogas así como varios vehículos.
