El propietario del club de Ojaiz (Santander) acusado de tener a ocho trabajadores extranjeros --siete mujeres y un hombre--, sin contrato y sin estar dados de alta en la Seguridad Social ha declarado este martes en el juicio que tenía arrendado el local y que ni siquiera sabía que éste se utilizaba para el alterne y la prostitución porque no es el gerente del negocio.
Sin embargo, el hombre, de 84 años y que ya ha sido condenado en tres ocasiones por delitos contra los trabajadores --con 11 expedientes sancionadores--, ha dicho que no recuerda si ha firmado contratos y que aunque los arrendatarios le pagan unos 800 euros al mes no tiene recibos ni transferencias del pago de esas rentas.
"Yo soy muy antiguo, tengo muchos años y hago las cosas y soy leal. No soy especulador", ha sentenciado el acusado hoy en el juicio que se ha celebrado contra él en la Audiencia Provincial de Cantabria, en el que también han testificado los tres agentes y las dos subinspectoras de trabajo encargados de la inspección y varias trabajadoras del club 'El Reencuentro' --anteriormente 'Parnaso'--.
A pesar de que se encontraba en la cocina del establecimiento en el momento en el que la Policía Nacional hizo la inspección y encontró allí a los empleados, en diciembre de 2016, el hombre ha explicado que estaba cenando en esa parte del local, que es "independiente" a la zona a la que acceden los clientes.
Así, ha insistido en que "no sabía" que los trabajadores no estaban dados de alta --dos de ellos carecían de permiso de trabajo en España--, ni que había habitaciones, ni quién había empleado a los trabajadores porque hacía "años" que no entraba en el local.
Sin embargo, los agentes y las subinspectoras de trabajo han asegurado que, cuando accedieron al local, las empleadas manifestaron que el acusado era el "máximo responsable" del negocio y quien fijaba sus beneficios y condiciones: tenían que pagar 25 euros por el uso de las habitaciones y cinco euros por las sábanas, mientras que en el caso de las consumiciones las chicas se quedaban con un 50% y el club con el otro 50%.
En concreto, han explicado que ese día había dos mujeres en la cocina --además del acusado, que estaba cenando--, una camarera y tres más en la zona de la barra que, a juicio de los agentes, ejercían el alterne y la prostitución sin "ninguna duda" por su actitud y su atuendo, aunque en ese momento no había clientes porque aún eran las 19.00 horas y "acababan de abrir".
Según han relatado los agentes y las subinspectoras, cuando le pidieron al propietario los contratos de trabajo se empezó a poner "un poco nervioso" y les enseñó solo un papel de arrendamiento con fecha del día anterior y sin firmar, aunque en ese momento le hizo firmarlo a una de las chicas, que accedió llorando, "visiblemente nerviosa" y "coaccionada" por los gritos del acusado.
Además, el policía encargado de la toma de declaraciones de los empleados ha corroborado lo que la Fiscalía manifiesta en su escrito en relación a su situación "precaria", con hijos en sus países de origen, cargas familiares e incluso con algún grado de discapacidad.
Según ha dicho, el acusado se aprovechaba de su estado de necesidad para "obligarles a trabajar muchas horas y pagarles lo mínimo", algo que ha corroborado la camarera que estaba trabajando el día de la inspección, que ha declarado como testigo y ha señalado que entraba sobre las 17.30 horas y se marchaba a las 4.00 o 5.00 horas, no tenía descansos ni vacaciones y cobraba 30 euros por noche.
También ha asegurado que el hombre le trataba "muy mal" y le insultaba. "Le gusta tratar mal porque es así. Me humillaba delante de todos", ha dicho tras contar que en una ocasión dejó el trabajo y volvió porque el acusado le prometió un contrato.
Además, la mujer, que en el momento de la inspección estaba en situación irregular porque había caducado su tarjeta de residencia, ha indicado que el acusado le pidió poner el negocio a su nombre por ser una persona insolvente y para no figurar él como titular, y al negarse ella lo intentó después con la chica que firmó el contrato delante de los agentes.
Sin embargo, ésta ha negado haberlo hecho presionada por el acusado, sino que ha argumentado que estaba en el local viendo cómo funcionaba el negocio con la intención de hacerse con él, por lo que entró a la barra "de prueba". Además, ha argumentado que se puso a llorar al firmar el contrato "por la situación" y por la presencia de la Policía.
En cuanto a la actitud del propietario, que le pedía a gritos que firmara el documento, ha dicho que "es su manera de ser" y que no es cierto que le obligara a hacerlo, sino que el contrato ya estaba hecho pero "no había surgido el momento de firmarlo".
En la misma línea, la cocinera, que primero ha dicho que solo estaba allí visitando a una amiga, finalmente ha reconocido que trabajaba en el club pero que aún no tenía contrato porque "llevaba una semana de prueba".
DELITO CONTRA DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Según la Fiscalía, los hechos constituyen un delito contra los derechos de los trabajadores y merecen una pena de tres años de prisión, multa de 2.700 euros e inhabilitación para ejercer el cargo de administrador de industria o comercio por tres años.
Asimismo, considera el fiscal que procede la clausura del club por un periodo de tres años, aún cuando el mismo haya cambiado de nombre comercial.
También solicita que el acusado indemnice, en concepto de responsabilidad civil, a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad correspondiente a las cuotas impagadas por los trabajadores que no estaban de alta en la Seguridad Social.
La Tesorería General de la Seguridad Social ejerce la acusación particular y solicita la misma pena pedida por el fiscal.
