El acusado de no abonar las cuotas de su plantilla: La Seguridad Social no quiso negociar y he pagado cuando he podido

El empresario acusado de no abonar las cotizaciones de sus trabajadores entre 2014 y 2017 ha admitido la deuda contraída y la ha justificado también, durante el interrogatorio en el juicio contra él por un presunto delito de fraude, en el que ha indicado que intentó negociar con la Seguridad Social varias veces pero sin éxito.

"Yo quería negociar", pero "nunca pude", ha esgrimido el procesado, para asegurar así que obtuvo siempre respuesta negativa por parte de este organismo y tampoco tuvo "opción" de acceder a ayudas o a un préstamo. "He pagado mucha deuda y cuotas, casi la mayoría", ha afirmado. "He pagado cuando he podido, pero he pagado", ha enfatizado.

El hombre ha respondido de este modo a preguntas de todas las partes en la vista oral celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y en la que este miércoles el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales. Mantiene su petición de condena a tres años de prisión y multa de más de medio millón euros, así como a indemnizar a la Tesorería General en 167.000 euros, la suma de las cuotas no abonadas que ha desglosado por años.

Según el ministerio público, el encausado diseñó un entramado de empresas de las que era administrador único para eludir el pago de las cotizaciones y dificultar la labor inspectora y recaudadora de la TGSS. Una de ellas, dedicada a ferretería, pintura y vidrio, tenía dados de alta a seis trabajadores, pero "nunca" ingresó sus cotizaciones y carecía de domicilio y maquinaria, aunque la actividad era desarrollada por otras sociedades creadas por él que no tenían empleados, máquinas o vehículos y dedicadas a fabricar fertilizantes, hormigón, yeso y cemento y productos de uso industrial ganadero.

El abogado de la Seguridad Social -que ejerce la acusación particular- ha modificado su escrito inicial para retirar el delito continuado contra los derechos de los trabajadores que apreció inicialmente y que no ha sido objeto de enjuiciamiento. En consecuencia ha rebajado de seis a tres años su solicitud de cárcel, pero se ha reafirmado en la multa de 375.700 euros e indemnización de un millón de euros, introduciendo de forma subsidiaria la cantidad de 167.000 euros, la certificada con documentos del expediente judicial.

De su lado, la defensa ha insistido en la libre absolución de su patrocinado y, subsidiariamente, ante un eventual fallo condenatorio, ha pedido a la Sala que aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en un procedimiento que se juzga más de doce años después de los primeros hechos objeto de este pleito.

En esta última sesión, con la que el caso ha quedado visto para sentencia, se ha completado la prueba testifical -con más trabajadores del acusado- y se ha practicado la pericial, con responsables de los servicios de recaudación e inspección de la Seguridad Social.

NO SE ABONÓ NINGUNA CUOTA, NUNCA

Los peritos han puesto de manifiesto que hubo una "sucesión de empresas" administradas por el acusado y una deuda en la primera que se derivó después a otras, de modo que al final "todas" tenían pagos pendientes con la TGSS salvo las que no los generaban porque carecían de empleados. Pero en las que sí había, no se abonó "ninguna cuota, nunca", ha remachado uno de los funcionarios citados.

"Se cobró parte de la deuda, por embargos de crédito de muy pequeña cuantía", ha indicado este profesional del área de recaudación, que ha apuntado que también se subastó un vehículo pero no maquinaria, pues no constaba en el registro a nombre de las mercantiles. Así, al no poder embargar nada, acudieron a la Fiscalía.

Otras dos peritos del ámbito de inspección han tachado de "barbaridad" la deuda generada por estas empresas de forma "continuada a lo largo de los años", en los que "no pagaban nada" a la Seguridad Social.

Han indicado que todas tenían el mismo objeto social (sector agrícola) y se ubicaban en el mismo lugar (polígono de Barros, en Los Corrales de Buelna), y una de ellas ha precisado que durante una visita a las mismas vio trabajadores en una dedicada a almacenar productos, aunque estaban "haciendo una obra dentro de la nave". Por lo demás, ha dicho no recordar que hubiera maquinaria o rótulos identificativos de las mercantiles.

SÍ HABÍA MÁQUINAS Y LETREROS Y NO HABÍA PROBLEMAS CON LAS NÓMINAS

En cambio, los trabajadores que han testificado este miércoles han coincidido con los que declararon el martes en que sí había máquinas específicas para cada actividad y letreros con los nombres de las empresas.

Estos empleados, algunos de ellos con contratos temporales o a media jornada, han corroborado que desempeñaban unos meses su labor en una de las sociedades y el resto del año en otras, ya que las actividades eran estacionales -caso de la fabricación de abono químico- y se iban complementando con otras.

También han señalado que cobraban en metálico sin que tuvieran "ningún problema, nunca". Sobre esto, han indicado que la nómina que recibían "siempre" figuraba la empresa contratante y la retenciones y costes de la Seguridad Social.

PROBLEMAS

Por su parte, el acusado ha explicado a preguntas de las acusaciones y defensa que inició su actividad empresarial con su padre en Torrelavega y cuando éste falleció continuó con su hermano en Cartes y luego en Los Corrales.

La primera sociedad en el municipio cartiego cambió a otras dos, con las que empezaron los "problemas" con la Seguridad Social por el impago de una deuda, que el implicado ha vinculado a una suspensión de pagos anterior, en 1995, derivada de la caída de la actividad y rentabilidad del sector y de una deuda millonaria por parte del Gobierno de Cantabria presidido entonces por Juan Hormaechea.

Dicha suspensión fue por una cantidad "ínfima" pero que no pudo pagar y a consecuencia de ello ha lamentado que perdió la relación con su hermano y se quedó "sin nada". Después, cuando se levantó, negoció con Hacienda el pago a proveedores, y ha diferenciado al respecto que con la Seguridad Social no pudo hacerlo --lo intentó cuatro veces en dos épocas diferentes-- y por tanto tampoco obtener préstamos o ayudas.

YO PAGABA A MIS EMPLEADOS Y LA SEGURIDAD SOCIAL NO QUERÍA NEGOCIAR

"Nunca quisieron negociar nada", se ha quejado. "Yo pagaba a mis empleados. Más no podía hacer", ha defendido el encausado, para destacar que él ha "pagado siempre a todo el mundo" y "jamás" ha tenido a un empleado sin dar de alta. Ha añadido que la Seguridad Social le "acabó de rematar" cuando le obligó a hacerles fijos, ante lo que se las ingenió -según ha dicho- para "sobrevivir" con empresas que complementaban la actividad estacional de la principal.

Sobre el cambio de nombre de algunas dedicadas a lo mismo lo ha justificado por una cuestión de "imagen", para seguir trabajando tras la citada suspensión de pagos, y para poder operar también en mercados de otras comunidades autónomas. Por último, ha indicado que todo "iba muy bien" hasta que sufrió un infarto y un ictus, a lo que luego se sumó la pandemia del coronavirus y finalmente tuvo que "cerrar".