Casi una cuarta parte de los cántabros está en riesgo de pobreza o exclusión y cerca de un tercio de los habitantes de la región no puede afrontar gastos imprevistos.
Son datos de 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, que se desprenden de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada este jueves por el Instituto Nacional, con información de ingresos de 2019.
De acuerdo con los mismos, el 23,7 por ciento de población en Cantabria estaba en riesgo de pobreza o exclusión, cifra superior a la media nacional, del 26,4%, que representa una subida del 1,1% y el dato más elevado desde 2017.
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La tasa AROPE -que se construye con tres variables: población en riesgo de pobreza, con baja intensidad en el empleo y con carencia material- más elevada se registró en la ciudad autónoma de Ceuta (38,8%) y en la comunidad de Extremadura (38,7%), y la más baja en Navarra (12%).
Mientras, en riesgo de pobreza estaban el 18% de los cántabros, tres puntos por debajo del conjunto de España (21%), registrándose de nuevo los mayores porcentajes en las ciudades autónomas (35,3% en Ceuta y 36,3% en Melilla) y en Extremadura (31,4%) y el menor en la comunidad foral (9,9%).
Según la evolución de los últimos años, en 2017, el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social fue del 26,6%; en 2018, bajó al 26,1%; en 2019 fue de un 25,3% y en 2020 ha aumentado al 26,4%.
La tasa AROPE 2020 se construye con tres variables: población en riesgo de pobreza; con baja intensidad en el empleo y con carencia material. El efecto de la pandemia solo se puede observar en este último indicador, el de la carencia material, ya que los dos primeros --pobreza y empleo-- se refieren a datos de 2019.
En cuanto a las dificultades económicas de los hogares el año pasado, el 36,7% de los cántabros no podía permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (frente al 34,4% de los españoles).
Mientras, un 31,5% de los hogares de la región no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos (el 35,4% de la media nacional). Además, un 6,8% sufrió retrasos de pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos y un 6,1% tuvo mucha dificultad para llegar a fin de mes, frente al 13,5% y 10% del conjunto del país.
