Los representantes legales de las familias de las niñas de Aguilar de Campoo desaparecidas hace treinta años en Reinosa han remitido al Juzgado número 2 de Cervera de Pisuerga (Palencia) las alegaciones derivadas de la investigación llevada a cabo la Guardia Civil durante los casi seis meses de secreto de sumario, tras la reapertura de la causa, el pasado verano con motivo de una nueva línea de investigación.
Junto a las mismas, solicitan a la jueza instructora que autorice la práctica de una serie de diligencias que consideran "de sumo interés para avanzar en este caso".
Los letrados de los familiares de Manuela Torres y Virginia Guerrero, a las que se vio por última vez en abril de 1992 cuando hacían auto-stop para regresar de la localidad cántabra a la palentina, consideraron "insuficientes" las actuaciones llevadas a cabo durante el secreto de las actuaciones.
De ahí que hayan presentado, con fecha de 30 de marzo, un escrito de alegaciones con la práctica de nuevas diligencias relacionadas con las pesquisas realizadas hasta ahora, han informado en un comunicado desde el despacho legal, partidario también de reiterar otras que ya fueron planteadas en el Informe Criminológico presentado con anterioridad ante la autoridad judicial, que acordó la reapertura del caso en junio de 2021.
Los abogados de los allegados de las víctimas confían en que estas diligencias sean autorizadas para esclarecer la desaparición de Manuela y Virginia, dar con el autor o autores implicados en la misma y saber qué ocurrió.
MÁS DE 7.000 VEHÍCULOS RASTREADOS
La Guardia Civil rastreó más de 7.400 vehículos Seat 127 desde la reapertura de las diligencias de investigación por la jueza titular, meses después de que una mujer alertara en un programa de televisión de que un año antes de la desaparición de ambas menores, de 13 y 14 años, y en la misma zona, había escapado de un varón a cuyo Seat 127 blanco se había subido.
Desde que se retomaron las actuaciones, cuyo secreto fue a principios de marzo por la magistrada, la Benemérita ha inspeccionado un total de 7.414 coches de ese mismo modelo y marca en seis provincias, 68 de ellos en la misma zona en la que las Virginia y Manuela vistas por última vez.
Entre las pesquisas realizadas figura además la toma de declaración por parte de los agentes al propietario del 127 al que se subió la denunciante -que curiosamente no es blanco, sino de color marrón-. Si bien fue plenamente identificado, ha sido desvinculado del caso tras haber sido incluso 'pinchado' su teléfono y la instalación de un dispositivo de seguimiento en su actual turismo.
Las investigaciones desde entonces han llevado al instituto armado a hacer lo propio, con la toma de declaración, escuchas telefónicas e instalación de dispositivos de seguimiento en sus vehículos a las tres personas que en su momento fueron también investigadas por estos hechos, pero igualmente sin resultado alguno.
SECRETO DE SUMARIO Y REAPERTURA DEL CASO
Desde que se reabrió la causa, en junio del año pasado, la magistrada había venido prorrogando el secreto de las actuaciones por periodos de un mes, salvo en la última ocasión, cuando lo acordó solo por veinte días más.
Y en la anterior vez, lo decretó para todas las partes personadas -las familias y la Asociación Clara Campoamor- a excepción de la Fiscalía, que continuó así informada junto a la jueza de las averiguaciones de la Guardia Civil palentina.
La reapertura del caso se decidió por una nueva línea de investigación surgida a raíz de la difusión, en febrero del año pasado, de una información en un programa de televisión recordando esta desaparición y solicitando colaboración ciudadana.
A partir de esa noticia se produjo una llamada de una mujer a la que, un año antes de la desaparición de Virginia y Manuela, había sucedido algo parecido, también cuando hacía autostop en compañía de una amiga con la que regresaba de unas fiestas.
Sin embargo, en aquella ocasión ambas lograron escapar del vehículo -de las mismas características en el que al parecer se subieron Virginia y Manuela cuando fueron vistas por última vez-, aunque no denunciaron nada porque al igual que las menores de Aguilar habían salido de casa sin el permiso de sus padres.
Ahora, casi tres décadas después de lo ocurrido y tras ver el citado programa de televisión, esa mujer decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil y se acordó así la reapertura de las actuaciones judiciales.
El auto por el que se retomaron las pesquisas se acompañó de otras diligencias, como un mandamiento para verificar la versión de esa testigo y para la identificación de posibles sospechosos que tuvieran relación con lo ocurrido, todo ello en el marco de la investigación reabierta y que continúa su curso.
Así, el 29 de julio de 2021 la juez emitió una providencia en la que remitía a la Guardia Civil todos los datos recabados e instaba al Instituto Armado a seguir investigando.
