El pleno de Polanco ha aprobado por unanimidad, y de manera inicial, la cuarta modificación puntual del PGOU, consistente en el cambio de calificación a dotacional general de un terreno previsto en exclusiva para dotaciones sanitarias, terreno situado en el límite con Miengo y donde se había propuesto la construcción de un nuevo centro de salud para ambos municipios.
Este cambio de calificación urbanística supone que el terreno deja de ser exclusivamente para dotaciones sanitarias y permite liberarlo para acoger otros posibles usos, una vez que la Consejería de Sanidad ha descartado la construcción del nuevo centro de salud y se decanta por ampliar el actual edificio situado en la localidad de Rinconeda.
El acuerdo plenario supone la apertura de un plazo de alegaciones por espacio de un mes y la comunicación del expediente de cambio de calificación a los municipios limítrofes con Polanco, así como a la asociación ecologista Arca por si consideran necesario hacer algún tupo de sugerencia al respecto de la modificación.
Los portavoces de los grupos municipales PRC, PSOE y PP se han mostrado a favor de la modificación al considerar que el cambio de calificación es "razonable" y "necesaria", ya que permite disponer de suelo para acoger otras infraestructuras públicas, entre ellas alguna educativa, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.
La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, ha asegurado que este cambio permite al Ayuntamiento "adelantarse a cualquier inversión que pueda surgir" en el futuro, disponiendo de los terrenos necesarios con la calificación adecuada para acogerla.
Además, ha destacado la unanimidad de los grupos políticos de la Corporación en la mayor parte de los asuntos tratados en el último pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, lo que a su juicio supone que cuando se tratan asuntos importantes para el municipio "consensuamos las decisiones por el bien de los vecinos".
En este sentido, el pleno ha acordado por unanimidad abrir un expediente de investigación sobre la titularidad de un camino peonil en la zona del Regato de las Anguillas, ante las dudas sobre la propiedad del mismo y para esclarecer una situación confusa existente sobre la franja de terreno que ocupa entre la autovía A-8 y la carretera nacional N-611.
También se ha probado por unanimidad el pliego de condiciones y la licitación del contrato de servicios de colaboración con la gestión recaudatoria, al haber finalizado el anterior. El nuevo contrato se licitará en la cantidad de 199.730 euros (IVA incluido) por el plazo de un año con posibles prórrogas hasta un máximo de cuatro anualidades.
Además, se ha acordado por unanimidad la prórroga por un año del contrato con la empresa que realiza los servicios de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes, primera de las dos prórrogas posibles de un contrato suscrito en 2016.
La alcaldesa ha destacado que la prestación del servicio es "satisfactoria" y ha alabado el seguimiento que del mismo lleva a cabo la concejala de Medio Ambiente, Isabel Herrera Landeras, en especial en el control de las mejoras, lo que ha permitido realizar actuaciones en varios pueblos como la reciente apertura de una senda de acceso al Pozo Tremeo desde Mijares, además de renovar los alcorques en diversos lugares.
Por otra parte, con los votos del equipo de gobierno del PRC y del PP, y la abstención del PSOE, se ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular instando al Gobierno central a aprobar una legislación contra la ocupación ilegal de viviendas.
El portavoz del PP, Jonatan Villegas, ha justificado su propuesta ante la necesidad de actuar dado el, a su juicio, grave problema que representa la "okupación" en España, opinión no compartida por el PSOE cuyo representante estima que a nivel nacional no existe una excesiva problemática pero en el municipio hay casos que generan cierta alarma.
Por su parte, la alcaldesa ha explicado que, en su condición de diputada regional, presentó hace unos días una proposición no de ley sobre este asunto en el Parlamento de Cantabria, con el objetivo de instar un cambio en la normativa para permitir actuar en los procedimientos de ocupación ilegal a los afectados, comunidades de propietarios y a los ayuntamientos, evitando los conflictos vecinales que en muchos casos se producen.
Ha destacado que Polanco es uno de los municipios que lleva "muchos años" combatiendo contra la ocupación ilegal de viviendas que padecen un importante número de vecinos, razón por la cual el PRC ha apoyado la moción del PP, a pesar de que fue presentada fuera de plazo para ser incluida en el orden del día del pleno.
No obstante, ha lamentando la postura final del PSOE que decidió abstenerse en este asunto, a pesar de reconocer que en Polanco existe un problema de ocupación ilegal de viviendas.
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