El Parlamento pide revertir el cierre de la oficina de Unicaja en San Felices de Buelna
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad una proposición no de ley del PRC para instar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) y al de Cantabria (PP) a realizar las gestiones necesarias para revertir el cierre de la oficina de Unicaja en San Felices de Buelna -oficial desde mayo- y defender ante los bancos la necesidad de preservar sus servicios presenciales en municipios rurales y semirrurales.
Durante el debate, el diputado 'popular' Cándido Cobo ha señalado que el Ejecutivo regional trabaja en la continuidad de la sucursal y que ha denunciado la situación ante el Observatorio de Inclusión Digital y el Ministerio de Economía, ante el que ha exigido respeto a los principios y compromisos sociales en vigor y garantizar su continuidad. Cobo ha apostado por catalogar estos servicios como "básicos" y mantenerlos en los entornos rurales más envejecidos.
La regionalista Rosa Díaz ha defendido esta medida de "igualdad, cohesión territorial y lucha contra el despoblamiento" porque mantener las oficinas abiertas "significa apoyar el comercio local, a los pequeños empresarios, los autónomos y las explotaciones ganaderas y agrícolas".
Por parte del PSOE, Ana Belén Álvarez ha calificado el cierre de esta oficina como una decisión "inadmisible" porque las entidades financieras fueron "saneadas con el dinero de todos los españoles", a los que los bancos "dan la espalda en cuanto las cuentas no encajan en los algoritmos". Así, ha pedido una intervención "firme, coordinada y urgente" entre la Delegación del Gobierno, de su mismo partido, y el Ejecutivo regional.
Mientras tanto, la diputada de Vox Leticia Díaz ha criticado la "exclusión financiera" de los vecinos, que, a su juicio, es consecuencia del "histórico abandono institucional y empresarial" de la Cantabria rural y semirrural y que "hurta los servicios esenciales uno a uno mientras se sigue asfixiando a base de impuestos", ha añadido.
LICENCIAS DE CAZA
En otro punto del orden del día, se ha dado luz verde por unanimidad a una PNL del PSOE para instar al Gobierno regional a realizar los trámites para hacer efectiva la incorporación al convenio para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales (Licicaz), una adhesión que el Ejecutivo anunció el 11 de mayo.
De esta forma, Cantabria se unirá a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia, que ya han firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Este convenio permite a cazadores y pescadores practicar estas actividades en todo el territorio de las comunidades firmantes utilizando una única licencia (con un año de validez y un coste fijo) sin necesidad de realizar trámites individuales en cada comunidad. Además, establece un marco de colaboración e intercambio de información entre regiones, que compartirán las inhabilitaciones por infracciones.