Los grupos municipales del PSOE, PRC y PP en el Ayuntamiento de El Astillero han presentado un recurso contencioso administrativo contra los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local que preside el alcalde, Javier Fernández Soberón, de Cs, de las cuatro sesiones celebradas en el pasado mes de enero, en concreto por la aprobación de más de 1,2 millones de euros en facturas que no se ha llevado al Pleno municipal
Con el recurso, admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, los tres partidos reclaman el acceso a los correspondientes expedientes ante las "sospechas" de un presunto delito de ilegalidad y al haber sido negado el acceso en "numerosas" solicitudes presentadas por escrito y en comisión, según aseguran en un comunicado conjunto.
En él explican que dicha ilegalidad incurriría en el hecho de aprobar la Junta una serie de facturas del año 2020 en el mes de enero de este 2021 con cargo al ejercicio pasado, así como el pago de otras de las empresas concesionarias de servicios, de Mantenimiento del Alumbrado Público y la encargada de la gestión de los espacios culturales: Sala de Cine Bretón, Almacén de las Artes, Ludoteca Finca del Inglés, Mapa Digital, cuyos contratos fueron adjudicados por el Pleno y debe ser este órgano el que "levante el reparo", esgrimen socialistas, regionalistas y populares.
- Súmate: Si nos sigues en Telegram te llevamos a tu móvil la información más importante de cada día de forma sencilla y gratuita. Puedes hacerlo clicando aquí.
A ello se suma, según dicen, que están "caducados" y sus prórrogas "vencidas", la última en el caso de la empresa encargada de la gestión de espacios culturales que se renovó en septiembre de 2019, como puntualizan los tres partidos.
Así, a su juicio, el regidor naranja ha dado luz verde por la "puerta de atrás" a dichas facturas, "encerrado en su despacho", en un "claro ejercicio de falta de transparencia" lo que ha motivado, como justifican PSOE, PRC y PP, el tener que recurrir a los tribunales para "defender sus derechos de acceso a la información".
"Estamos hablando de supuestas prácticas ilegales, al margen de los procedimientos reglados, con el total conocimiento del alcalde y sus tenientes alcaldes, y a sabiendas de que gran parte de las facturas aprobadas corresponden a empresas que tienen sus contratos caducados y sus prórrogas agotadas, y cuya aprobación corresponde al Pleno municipal previo levantamiento del reparo suspensivo de pago", alegan.
