El PRC de Astillero denuncia "irregularidades" en la compra de un coche de policía

Ayuntamiento de Astillero
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El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Astillero ha denunciado ante la mesa de contratación la existencia de presuntas irregularidades en el procedimiento de adquisición de un vehículo para la Policía Local.

En un comunicado, el PRC asegura que en la reunión de esa mesa, esta mañana, y por parte del concejal de Hacienda, Vicente Palazuelos, "se pretendía dar trámite a la aceptación de la única oferta recibida derivada de la invitación del alcalde", Javier Fernández Soberón, "al margen de cualquier procedimiento reglado, en lo que nos han querido presentar como un procedimiento negociado sin publicidad".

Ante las explicaciones solicitadas por la edil regionalista Pilar Briz respecto a la "ausencia de procedimiento reglado" y a "la falta del preceptivo informe de fiscalización previa" al suministro del vehículo policial, el asunto ha quedado sobre la mesa, pendiente del inicio de los trámites administrativos legales necesarios para continuar con la licitación.

El portavoz del PRC, Francisco Ortiz, ha manifestado su "malestar y descontento" con el proceder del regidor de Cs, que a su juicio "actúa al margen de la legalidad" y "con total desprecio hacia los procedimientos reglados en materia de contratación" recogidos en la Ley de Contratación del Sector Público.

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Así, el exalcalde astillerense ha lamentado que sean los policías quienes "sufran en esta ocasión las consecuencias de la incapacidad y la negligente gestión del alcalde", con el consiguiente "retraso en la adquisición de un vehículo que están demandando desde hace meses".

Según detalla el PRC, el pasado 2 de noviembre el alcalde inició el procedimiento de licitación abierto simplificado para la compra del vehículo a través de la preceptiva memoria justificativa de necesidad del contrato administrativo.

Con posterioridad, la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 12 de noviembre, aprobó los pliegos de cláusulas administrativas particulares, los de prescripciones técnicas, el expediente de contratación, la autorización del gasto por importe de 33.000 euros, así como la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado.

Finalmente, el procedimiento de licitación resultó desierto, puesto que no se recibió ninguna oferta. Ante esto, y "sin mediar ningún trámite administrativo, ni acuerdo de ninguna clase", el alcalde "invitó directamente a una empresa particular, que no había participado en el anterior procedimiento de licitación, a que presente una oferta en las mismas condiciones que se establecían en los pliegos de la licitación abierta".