La Fiscalía ha modificado su petición de clausurar el club New Borgia durante tres años por la suspensión de todas sus actividades a excepción de la de hospedaje, y ha mantenido la petición inicial de tres años de prisión para los dos exresponsables acusados de un supuesto delito contra los trabajadores por tener a 22 empleadas sin contrato.
Esta modificación, tal y como ha explicado la fiscal en la última sesión del juicio celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Cantabria, se debe a que las mujeres afectadas viven en el New Borgia desde hace años y son las "víctimas" del delito, ya que sus derechos "se están infringiendo" al no estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Así, ha considerado que la petición de clausurar el club puede parecer "desproporcionada" y, para no perjudicar a estas mujeres, ha solicitado como alternativa que se suspendan "todas las actividades que sean distintas a lo que es puramente el hospedaje", con el fin de paliar la restricción de derechos "flagrante y patente" que se comete en el local.
De este modo, la Fiscalía ha considerado probado que los dos acusados eran conocedores de la actividad que se llevaba a cabo en el local cuando estaban al frente de él, y de que tenían la obligación de dar de alta a los trabajadores, ya que cuando los agentes de la Guardia Civil y los inspectores de la Tesorería General de la Seguridad Social -que ejerce la acusación- realizaron la inspección del New Borgia en 2017, había 19 empleados con contrato.
Por el contrario, 22 chicas no estaban dadas de alta, y aunque tanto ellas como los acusados han manifestado que ejercían la prostitución "libre y voluntariamente", la fiscal ha considerado que sí existía una relación laboral porque contaban "con una jornada laboral, con dependencia y en condiciones de trabajo predeterminadas por la empresa", y en algunos casos con "permanencia y habitualidad". "Es una contratación prolongada en el tiempo, no casual", ha insistido.
En este sentido, ha recordado la versión de los agentes e inspectores que testificaron el 10 de febrero en la primera sesión del juicio, que declararon que durante la inspección todas las chicas les manifestaron que tenían un horario de trabajo y condiciones, como que recibirían una comisión por cada copa que tomaran los clientes y que no pagaban el hospedaje las noches que usaran la habitación para prestar servicios sexuales.
Además, ha explicado que el número de personas sin dar del alta superaría el 50% del total de la plantilla de la sociedad explotadora del New Borgia, Hoteles Cántabro-Gallegos, y por tanto, la ley marca que existe delito.
Por otro lado, el Ministerio Público ha visto "contradicciones, inconsistencia e inverosimilitud" en los testimonios de algunas de las trabajadoras que han testificado hoy -después de que no asistieran a la primera sesión y se les volviera a citar para declarar--, que, a su juicio, no han dicho la verdad para "proteger" a sus empleadores.
Por su parte, el abogado de la Tesorería General de la Seguridad Social se ha adherido a la modificación de la Fiscalía sobre la suspensión de las actividades y ha opinado que está "claro" que hay una vulneración de los derechos de los trabajadores.
Además, ha añadido que, aunque las chicas ejercieran la prostitución, podrían estar dadas de alta porque "a la gente no se le da de alta en función de su profesión, sino en base a un grupo de cotización".
Por el contrario, la defensa ha mostrado su "absoluta disconformidad" con la acusación y la Fiscalía, y ha insistido en que el New Borgia "no es un club" sino un hotel. Por ello, ha lamentado que "nadie ha tenido la decencia" de comprobar la licencia de actividad ni la lista de huéspedes para saber si había personas hospedadas además de las chicas. Así, ha insinuado que "van a hacer lo que les interesa, recaudar, que es lo que conviene al Estado".
NO EXISTE RELACIÓN LABORAL
Además, ha insistido en que no existía una relación laboral entre sus defendidos y las chicas, ya que éstas realizaban su trabajo "libre y voluntariamente" y acudían a la discoteca del New Borgia cuando querían para captar clientes.
En este sentido, ha hecho hincapié en que "alterne y prostitución no se pueden desligar" y en que "no hay ninguna prueba de cargo" porque bajaban al local "cuando les daba la gana", tenían el pasaporte en su poder y no tenían normas sobre horarios, salarios o vestimenta.
Por último, ha dicho que la Fiscalía no debería acusar porque la prostitución no es constitutiva de delito. "O lo prohibimos, o lo legalizamos. Lo que no podemos hacer es dejar una cosa en el medio y, como por ahí no puedo atacar, me voy a inventar que el alterne es una relación laboral y con eso ya consigo sancionar a los hoteles", ha sentenciado.
La versión de la defensa ha coincidido con la de las chicas que han testificado hoy, dos de las que estaban alternando en el New Borgia el día de la inspección y la gerente, que sí tenía contrato.
Según han dicho las dos primeras, estaban hospedadas en el hotel y no estaban dadas de alta porque no eran empleadas, sino que ejercían la prostitución "voluntariamente" en sus habitaciones, por las que pagaban 50 euros al día y en las que viven desde hace años. Además, han negado que recibieran una comisión por las copas de los clientes.
