El Ayuntamiento de Piélagos comienza el derribo de ocho viviendas con sentencia de derribo en Cerrias
El Ayuntamiento de Piélagos ha comenzado este martes con la demolición de ocho viviendas con sentencia de derribo en las urbanizaciones de Cerrias I y II, ubicadas en las inmediaciones de la playa con el mismo nombre, en la localidad de Liencres, donde ya se derribaron otras cinco en marzo de 2024.
El coste de la demolición, que debe de realizarse en el plazo de tres semanas dentro de la segunda fase de derribos en el municipio, es de 275.000 euros; mientras que el Gobierno de Cantabria ha pagado más de 7,5 millones de euros en indemnizaciones a los afectados: 2,6 millones a los propietarios de Cerrias I, y 4,8 a los de Cerrias II. El 58% de este montante se ha abonado en esta legislatura.
El consejero de Fomento, Roberto Media, y el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, han asistido al inicio de los trabajos de derribo, donde han afirmado que, aunque es un día "muy triste", se "está cumpliendo con la justicia", ya que sobre estas viviendas pesan sentencias de derribo del Tribunal Supremo tras dos procedimientos de 1996 y 1998 a raíz de las denuncias de Arca y Ecologistas en Acción.
Según ha detallado el consejero, ambas urbanizaciones cuentan con un expediente de responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Consistorio.
En Cerrias I afecta a 17 viviendas, de las cuales 11 podrían legalizarse a través de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Piélagos. Los otros seis afectados han firmado un convenio que no contempla las viviendas de sustitución, por lo que se procederá en su momento al derribo.
En los últimos años se han tasado todas las viviendas con convenio y se ha indemnizado a cinco propietarios, y uno está pendiente de pago el cual ha solicitado la suspensión del procedimiento, ha explicado.
Y en Cerrias II, están afectadas 22 localizadas en dos parcelas. Igualmente, de entre ellas 11 podrían legalizarse con el nuevo PGOU, y a los propietarios de las otras 11 ubicadas en zona de servidumbre de protección se les ha ofrecido la firma de convenios. Hasta el momento se han suscrito nueve para cobrar una indemnización económica porque no son susceptibles de legalización.
De las 11 viviendas previstas para demoler, dos por tanto no tienen convenio y hay una pendiente de pago.
Los ocho restantes han sido indemnizados y las viviendas puestas a disposición del Ayuntamiento para su demolición, de las cuales se han demolido cinco.
Media ha arremetido contra los grupos ecologistas que denunciaron estas viviendas, señalando que otras que están construidas encima de los acantilados no han sido objeto de denuncia. "Eso es un ecologismo muy mal entendido", ha dicho, para criticar que "no les importa el futuro de Cantabria ni los cántabros".
UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS DE CANTABRIA
Por otra parte, el titular de Fomento se ha comprometido a "seguir trabajando" para dar soluciones a los afectos, a través de la construcción de viviendas de sustitución, pago de indemnizaciones y la aprobación de planes generales.
Ha señalado que los derribos son "uno de los grandes problemas que tiene Cantabria" y espera que estén "encarrilados y en vías de solución" para final de legislatura.
Por su parte, el regidor ha manifestado que estos derribos en el municipio son "socialmente un fracaso" porque, en su opinión, después de casi 30 años las viviendas son "perfectamente viables". Así, ha recalcado que el Consistorio está cumpliendo con la ley y ha afirmado que continuará "dando pasos" para dar solución a aquellas que son salvables con el PGOU.
Además, ha recalcado que aunque se estén derribando las viviendas, las urbanizaciones no, por lo que el Ayuntamiento está analizando si el suelo puede ser urbanizable en un futuro.
Así, ha hecho referencia a las viviendas del centro de Liencres, también con sentencia de derribo. "Sería una locura e inimaginable pensar que pudiéramos tirar en el centro de Liencres chalés donde luego se pueden llegar a construir pisos", ha apostillado.
En cuanto al PGOU, ambos han destacado que el Ayuntamiento ya lo aprobó de forma provisional y que han tenido lugar varias reuniones para poder presentar el documento definitivo y aprobarlo "cuanto antes". Ello posibilitaría la legalización de 63 viviendas del municipio que tienen sentencia firme de derribo.
El resto de urbanizaciones afectadas por ello, Entrelindes (20) y L-05 (21), están pendientes de la tramitación definitiva del Plan General.