CSIF acusa al Gobierno de incumplir la normativa de descanso de los médicos forenses

CSIF ha acusado al Gobierno de Cantabria de "incumplir" la normativa europea de descanso de los médicos forenses. Según denuncia el sindicato, el "bloqueo" de la Dirección General de Justicia obliga a estos profesionales a mantener jornadas de guardia ininterrumpida de más de 20 horas diarias y jornadas de 60 horas semanales. CSIF explica en un comunicado de prensa que la directiva europea, de obligado cumplimiento en España, exige que los horarios laborales respeten como mínimo 11 horas de descanso en el curso de cada período de 24 horas de trabajo y un mínimo de 36 horas ininterrumpidas de descanso por cada periodo de siete días sin que la jornada de trabajo pueda en ningún caso pueda superar las 48 horas de trabajo medio por cada periodo de siete días. El sindicato destaca que hay que tener en cuenta el tipo de trabajo de estos empleados públicos con levantamientos de cadáver a horas intempestivas y la posterior autopsia, consultas de lesionados y comparecencias en los juicios para exponer informes periciales. CSIF dice tener conocimiento de la existencia de informes del servicio de prevención del Gobierno de Cantabria donde se relaciona "la fatiga que soportan estos trabajadores con accidentes laborales ocurridos en el Instituto". Se da la circunstancia de que, hace dos años, la Comisión europea denunció al Gobierno de España por este motivo, obligando a reformar la normativa vigente en España. Entonces el Gobierno central optó por dejar en manos de las comunidades autónomas con competencias en Justicia, la adaptación de la directiva europea a cada Instituto de Medicina Legal. Según CSIF, el Gobierno de Cantabria "lleva dos años bloqueando la normativa del horario de guardias en el Instituto de Medicina Legal haciendo caso omiso de este mandato legal y obviando la propuesta mayoritaria de los Médicos Forenses de Cantabria expresada en el Consejo de dirección del organismo y que plantea un régimen horario de guardia distinto y a coste cero para las arcas de la Comunidad autónoma". Para CSIF esta actitud del Gobierno de Cantabria es "muy grave, pues desoye no sólo la opinión de los trabajadores, sino la normativa vigente poniendo en riesgo la salud de estos empleados públicos". En consecuencia, CSIF advierte que denunciará ante el servicio de prevención e inspección de trabajo esta situación, "sin perjuicio de estudiar otro tipo de medidas de conflicto colectivo y legales".